La vida como derecho fundamental  de las personas

La vida como derecho fundamental de las personas

El derecho a la vida es una de las garantías constitucionales absolutas, el primer derecho, el más natural, por lo tanto una de las formas de garantizar este derecho es la debida penalización para quienes intenten, siquiera, violentarlo.  Del derecho a la vida depende la posibilidad de gozar y ejercer los restantes derechos. “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.  De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.  En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo”[1]

El derecho a la vida es un bien natural, que todos intuyen por instinto, es un derecho innato.  El derecho a la vida constituye el soporte físico de los demás derechos fundamentales, ya que si este derecho es violentado, desaparece el titular del mismo.  Por lo tanto es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho.

El derecho a la vida, es el derecho a la propia existencia, física y biológica, de las personas naturales, es un derecho individual del que somos titulares todos los seres humanos, derecho que está reconocido por los principales instrumentos de derechos humanos y por el Estado,  por lo tanto, le compete a éste deberes muy importantes para conseguir que el ejercicio efectivo de ese derecho no sea conculcado.   Georg Hermes, manifiesta: “Al Estado, a través de sus instituciones, corresponde exclusivamente deberes de respeto y de tutela, que presentan los rasgos de un deber negativo y positivo, respectivamente”[2].

En cuanto al deber negativo, el más importante que tiene el Estado, es el de respetar el derecho a la vida como valor objetivo de todos los individuos, sin discriminación alguna.  Por lo tanto el Estado jamás ordenará actos de violencia, maltrato, tortura, genocidios, asesinatos, o cualquier otro acto que atente contra los derechos de las personas

En lo que se refiere al deber positivo, en la observación general N° 6, Artículo 6, adoptada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, numeral 5., se hace referencia al deber de los Estados Partes, en cuanto al derecho a la vida, cuando dice: “Además, el Comité ha observado que el derecho a la vida ha sido con mucha frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva.  La expresión “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” no puede entenderse de manera restrictiva y la protección de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas.  A este respecto, el Comité considera que sería oportuno que los Estados Partes tomaran todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las epidemias”

Al hablar del deber positivo del Estado, estamos frente al deber de la protección del derecho a la vida.  Para ello utiliza los diferentes medios jurídicos, como: leyes, órganos de administración de justicia o de protección de derechos.  Pues, todas las sociedades civilizadas protegen la vida al amparo del Derecho.  Por lo tanto, es también deber del Estado castigar a los culpables que atentan contra los derechos fundamentales e imponerles las penas establecidas en el ordenamiento jurídico, como una de las medidas más eficaces para lograr la protección de los bienes jurídicos.

La preocupación más intensa en los últimos decenios se ha dirigido a establecer todos los mecanismos jurídicos y políticos posibles para garantizar el respeto a esos derechos humanos y ha llevado a constitucionalizarlos, a convertirlos en preceptos del máximo rango normativo – aunque no siempre -, esto es, en derecho positivo”[3].

Como hemos dicho, el derecho a la vida es un derecho supremo, uno de los derechos humanos más importantes, reconocido positivamente por los ordenamientos jurídicos, por las constituciones de la mayoría de países y  por los tratados y convenios internacionales.  El derecho a la vida es un derecho subjetivo, que corresponde a la persona misma y que por tanto merece una absoluta protección; y dentro del término persona, se encuentra también el nasciturus.  “Resulta absurdo negar carácter de persona a un ser humano, e igualmente absurdo negar carácter de ser humano al que inicia, una vez concebido, el proceso de gestación, que culmina en el parto y que prosigue después de él hasta alcanzar las distintas etapas en que se suele dividir la vida humana”.[4]

El derecho a la vida existe desde que hay vida misma y mientras ésta dura, en este transcurso podemos exigir que se respete ese derecho y que se dé las garantías necesarias para impedir que cualquier acción u omisión vulnere o viole este derecho.  Si consideramos el derecho a la vida desde una perspectiva biológica objetiva, tenemos que este derecho no incluye otros derechos fundamentales como la libertad, el honor, la dignidad, la integridad física, la salud, la alimentación, la educación, etc., derechos que condicionan la calidad de vida; pero que son sumamente importantes para vivir una vida digna, por lo tanto este “vivir” requiere de bienes, especialmente de carácter económico, “… se desprenden del derecho sustancial a la vida una serie de derechos y garantías que van desde la salud hasta el medio ambiente”[5]

Como lo había indicado en líneas anteriores, el derecho a la vida, incluye su preservación, desde el inicio de la vida hasta su terminación.  El tratadista Carlos María Romero Casabona, al respecto, manifiesta: “De ahí también que sea del máximo interés determinar a partir de qué momento podemos afirmar su existencia y a partir de cuál tal vida ha cesado, para conocer así al mismo tiempo hasta dónde ha de extenderse su respeto y su protección como derecho y, en su caso, como bien jurídico”.[6]

Todo ser humano tiene derecho a la vida y a la integridad física, desde su concepción, por lo tanto se exige a todo ser humano el respeto y protección de la vida, ya que ésta constituye un derecho fundamental irrevocable, inviolable, sin excepción alguna. “Por eso, se señala que el período en que los derechos son patrimonio de la persona o del ser humano abarcan desde el primer momento de su existencia hasta al último.  El contenido de ese derecho comprende la vida física en su totalidad; de ahí el apelativo de la «integridad», porque ésta pertenece por igual al derecho fundamental”[7]

La vida es un derecho fundamental, consagrado en las Cartas Magnas de los diferentes países, y en todas las legislaciones a nivel mundial, se trata de un derecho que precede a los restantes derechos, ya que es la condición de posibilidad de los demás, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible.  Como decíamos, el derecho a la vida es inviolable, lo que significa que no se acepta excepción alguna; la inviolabilidad se relaciona con la ley que ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad, es decir se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, a fin de cubrir la dimensión personal referida.  Por tanto debe respetarse dicha inviolabilidad, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible, de lo contrario no podríamos hablar de un estado de derecho.  “No reconocer el valor del carácter universal de la vida humana equivaldría a negar la superioridad de la persona frente a los demás seres, que configuran su entorno”[8].    El derecho a la vida abarca a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, religión, posición política o económica o cualquier otra condición social.  El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos.  Los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida.

Podemos acotar que teóricamente se ha conseguido que se respete ese derecho a la vida ya que, como decíamos anteriormente, este derecho se encuentra consagrado en la gran mayoría de leyes de todos los países del mundo, sin embargo, lamentablemente, en la práctica no se cumple, porque igualmente, existen un sinnúmero de actos (acciones u omisiones) tendientes a vulnerar este derecho o a privar de la vida a los seres humanos.  Entre uno de estos actos tenemos la legalización del aborto y la pena de muerte.

Se insiste, entonces, que es deber del Estado o de los Estados proteger la vida humana frente a agresiones de los particulares,  y no sólo protegerla, sino no lesionarla por sí mismo, es decir tiene un deber positivo de protección y un deber negativo de abstención; y es justamente la Constitución quien debe impedir que el Estado legalice o permita el atentado contra la vida, y, vemos que en la mayoría de países se cumple con este principio ya que han abolido la pena de muerte, constitucionalizándose, así, el derecho más fundamental de todos los reconocidos por la Constitución, y la base de cualquier otro derecho.   Pues, entonces, como decíamos, en caso de que se realicen actos tendientes a vulnerar el derecho a la vida, el Estado, a través de sus leyes, debe prever sanciones penales para los responsables de dichos actos.

Así, las garantías del derecho a la vida consagrado en la Constitución se desarrollan en el Código Penal que establece las sanciones para todo atentado contra la vida en los delitos de homicidio, asesinato y aborto.

El tratadista Luis María Díez-Picazo manifiesta: “el derecho a la vida se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos: el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares[9]

 

Silvana Esperanza Erazo Bustamante

Notas:

[1] SIMON F. (2008). Derechos de la Niñez y Adolescencia: De la Convención sobre los Derechos del Niño a las Legislaciones Integrales. Tomo II. Cevallos, editora jurídica. Quito-Ecuador. Pág. 43

[2] Citado por ROMEO CASABONA, C. M. (1994). El derecho y la bioética ante los límites de la vida. Editorial Centro de Estudios Ramón Arece, D.L.   España. Pág. 34

[3] PÉREZ LUÑO, A. E. (1988). Los derechos fundamentales”. 3ª ed.  Tecnos. Madrid. Pág. 37

[4] MAZZINGHI, J.A.  La Interrupción del Embarazo: El Aborto. Tomado de la obra “La Persona Humana” de Guillermo Borda.  Editorial La Ley  S. A.  Argentina.  Pág. 73

[5] CARRIO, M. E. y otros (1995). Interpretando la Constitución. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. Págs. 38 y 39

[6] ROMEO CASABONA, C.M. (1994). Ob. Cit. Pág. 27

[7] VERGÉS RAMÍREZ, S. (1997). Derechos Humanos: Fundamentación. Editorial Tecnos S.A. Madrid. Pág. 126

[8] VERGÉS RAMÍREZ, S.  (1997). Ob. Cit. Pág. 130

[9] DÍEZ-PICAZO L. M. (2005).  Sistema de Derechos Fundamentales. Segunda Edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pág. 216

Coordinadora Nacional Pro Familia [CONAPFAM]

Objetivos: • Canalizar la voz de la ciudadanía ante autoridades públicas e instancias de la sociedad civil para hacer presentes sus derechos y promover sus deberes. • Promoción, divulgación y defensa de los valores, derechos y deberes de la familia y de la vida humana.

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