Gobierno de España esconde las cifras oficiales de aborto

Sucede cada año y no por ser costumbre, deja de ser vergonzoso. El Gobierno (sea del color que sea) publica cada invierno, atrincherado entre los nervios del sorteo del Gordo de la Lotería Nacional, la cena de Nochebuena y los preparativos de Nochevieja, los datos del aborto en España.

Lo hace así porque es obligatorio hacerlo antes de que termine el año. Si no, mantendrían ocultos los datos de la vergüenza: Más de dos millones de abortos desde 1985, según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Sanidad.

Estos guarismos manchados de sangre inocente tienen como fuente originaria las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónoma y los centros públicos y privados que se dedican a la horrible tarea de acabar con vidas humanas, a base de succionar, cortar, raspar o envenerar con solución salina. Esto, sin contar con el aborto químico.

Las grandes empresas y los bancos son capaces de llevar al día sus cuentas, trimestre a trimestre y hacerlas públicas. También los autónomos deben llevar al milímetro sus cuentas trimestre a trimestre, conocer sus balances, ratios y variaciones porcentuales.

Sin embargo, los datos del aborto se publican con un retraso que sería piedra de escándalo en cualquier otro área. Ningún accionista toleraría semejante desprecio. En el Ministerio de Sanidad, no opinan lo mismo.

El año pasado, la publicación se realizó el 22 diciembre, con España pendiente de la Lotería Nacional y elucubrando sobre los resultados electorales. En 2014, se apuró hasta el 30 de diciembre. Y el año anterior, hasta la mañana del día 22, día de Nochebuena.

Que hay intención de ocultamiento es obvio, más aún cuando, a partir del mes de marzo, en los albores de la primavera, cada año empiezan a aparecer algunas cifras provinciales y autonómicos.

Sin ir más lejos, esta semana, la prensa regional del levante español ha dado cuenta de las cifras referidas a la provincia de Alicante, que, aunque provenientes de un informe provisional, ya están avanzadas. ¿Y es provisional, seis meses después? No tiene sentido.

Más aún, cuando, por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid especificó a principios de mes en el Parlamento regional que en 2015 fueron 12.232 los abortos realizados en la región. No sólo eso. Jesús Sánchez Martos llegó al detalle de especificar el número de menores que han acudido a los servicios públicos para pedir el aborto entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2016.

El retaso en la publicación de los datos es, además de una ignominia, contrario a la ley. Según el artículo 5 de la Orden de 16 de julio de 1986 sobre estadística e información epidemiológica del aborto, se estipula que “el envío de la información a la Administración del Estado se efectuará de tal forma que el tiempo transcurrido desde el alta hospitalaria hasta la recepción en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo no excederá de tres semanas“.

Este precepto legal no deja muchas opciones, según la fecha de publicación de los datos consolidados:

  • Los negocios abortistas no comunican en tiempo y el Ministerio ni denuncia su ilegalidad.
  • Los negocios abortistas comunican según el plazo legal, pero el Ministerio es ineficaz en el tratamiento de los datos y su consolidación.
  • Los negocios abortistas no comunican de forma legal y el Ministerio es inútil.
  • Todas las anteriores son compatibles y además nos toman por tontos.

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