Chile: Aborto y objeción de conciencia

Chile: Aborto y objeción de conciencia

EL DEBATE público que ha suscitado el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, se ha centrado en estas últimas y en la protección de la vida del que está por nacer, que ciertamente son importantes, pero ha relegado a segundo plano otro aspecto relevante: la obligación de los profesionales e instituciones de salud de realizar un aborto cuando concurran tales causales.

El proyecto original era muy amplio en esta materia, pero el texto que ha despachado la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que será sometido a votación en los próximos días, se ha restringido, pero en ningún caso puede considerarse suficiente en términos de respetar la conciencia de los individuos y los principios que animan a las instituciones. En efecto, dispone que los médicos gozarán de objeción de conciencia, que deberán declarar previamente y por escrito, pero que no podrán invocar y estarán obligados a practicar un aborto, en caso que haya riesgo vital para la madre y no sea posible derivarla a otro facultativo que no sea objetor de conciencia. La iniciativa está colocando la vida de la madre sobre la vida del que está por nacer, en términos tales que obliga a terceras personas a atentar en contra de la vida de éste, a pesar de sus convicciones.

La Constitución Política garantiza a todas las personas “la libertad de conciencia” y, como consecuencia de ello, no solo tienen derecho a obrar conforme sus creencias, sino de abstenerse de realizar acciones contrarias a las mismas. En este sentido, el médico que es contrario por sus convicciones al aborto, no puede en caso alguno ser legalmente obligado a practicarlo; más aún, cuando la misma Carta Fundamental ordena taxativamente a la ley proteger la vida del que está por nacer. Por lo demás, apreciar que la vida de la madre corre un riesgo tal que solo la muerte del feto es la única solución, que muchos incluso niegan que pueda existir, puede resultar una situación de muy difícil resolución y totalmente subjetiva, colocando al objetor de conciencia, cuando no hay otro facultativo disponible, en un dilema límite y que le puede acarrear graves consecuencias.

Por otra parte, el proyecto de ley en su estado actual es completamente insuficiente, al contemplar la objeción de conciencia únicamente para el médico llamado a practicar la interrupción del embarazo, pero que nada dice del restante personal de la salud que tenga que intervenir, como el anestesista -no es claro si le alcanza como tal la objeción que se concede al médico-, las enfermeras y arsenaleras. Asimismo, se dejan por completo fuera de la objeción a los establecimientos de salud que no deseen participar en prácticas de interrupción del embarazo. Las instituciones u organizaciones tienen un ideario o conjunto de principios que las informan, que les son atribuidas por los organizadores, administradores y personas que adhieren a ellas, y el Estado no puede desconocérselos, porque ello al cabo implica violar la libertad de conciencia de quienes las integran. Que los establecimientos privados de salud reciban fondos públicos, no es razón para que el Estado les imponga una determinada visión, pues tales recursos pertenecen a la comunidad toda y deben ser distribuidos para la finalidad de asistencia de la salud respetando la diversidad que existe en la sociedad.

Coordinadora Nacional Pro Familia [CONAPFAM]

Objetivos: • Canalizar la voz de la ciudadanía ante autoridades públicas e instancias de la sociedad civil para hacer presentes sus derechos y promover sus deberes. • Promoción, divulgación y defensa de los valores, derechos y deberes de la familia y de la vida humana.

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