Pepe Farfán: “El 80% de la población peruana rechaza las uniones homosexuales”

El periodista provida peruano Pepe Farfán / María Isabel Magaña

La legislación a favor de la comunidad LGBTI en el Perú ha avanzado de manera rápida y agresiva, pese a ser uno de los países más tradicionales de Suramérica. Para entender el por qué de esta situación, Actuall conversó con Pepe Farfán, periodista que se desempeña actualmente en el Congreso del Perú y es colaborador de la Coordinadora Nacional Pro Familia (CONAPFAM).

¿Cuál ha sido la estrategia del gremio LGBTI para impulsarse en el Perú?

Su estrategia es básicamente la misma que desarrolla en todas partes: una infiltración progresiva en los distintos estamentos sociales y políticos para lograr legalizar e imponer su ideología, así como el desarrollo de una serie de campañas y eventos de adoctrinamiento. Aquí, sin embargo, han encontrado una férrea oposición por ser un país de fuertes principios tradicionales.

¿Cuál es la postura del gobierno del presidente Ollanta Humala ante esta situación?

El gobierno actual ha sido un impulsor creciente de la promoción de la ideología de género en el aparato estatal. Ahora que llega a su fin, deja tras de sí un terreno bastante abonado a los intereses homosexuales.

Una de las medidas que tomó Humala fue crear la Comisión Nacional Contra la Discriminación, ¿por qué?

Surge como resultado de su creciente apoyo a las iniciativas de la ideología de género y se escuda en la idea de la “no discriminación” para introducir sus conceptos ideológicos.

¿Quién y de qué manera ha financiado estas estrategias LGBTI en el país?

Por los informes públicos de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), conocemos que en los últimos años han llegado al menos 8 millones de dólares para las ONGs locales que impulsan las iniciativas LGTB. Los remitentes son principalmente organizaciones como Planned Parenthood, la Fundación Ford, AID, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y algunos países europeos.

¿Qué derechos se le reconoce en el momento a dicha población en el país?

En el Perú no se penaliza la homosexualidad. Una persona homosexual tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano. La Constitución no reconoce conceptos ideológicos como “orientación sexual” e “identidad de género” y, por lo tanto, no genera derechos especiales o privilegios para ellos.

¿Y dicho colectivo no ha adelantado acciones para que se les reconozcan privilegios?

Promovieron una iniciativa ciudadana de Unión Civil que no prosperó en el Congreso a pesar de una costosa avalancha mediática que se impulsó a su favor.

Desde hace algunos años hay una fuerte presión en el aparato legal y las instituciones de Gobierno. Han estado promoviendo las ordenanzas anti discriminación que incorporan silenciosamente el concepto de “orientación sexual”. Hay otras más agresivas que otorgan abiertamente nuevos derechos y privilegios especiales para este colectivo y donde se incluye el amedrentamiento legal y sanciones correctivas a los opositores. No son constitucionales, pero se han multiplicado en gobiernos locales, regionales y en el propio Gobierno Central.

¿Cómo se evalúa la “discriminación” que se busca sancionar con ordenanzas?

Evalúan la discriminación en función a las características objetivas de las personas (sexo, edad, raza, condición social, etc.) y a la inclusión de nuevas características subjetivas como la “orientación sexual” y la “identidad de género”. Desde su conceptualización, estas ordenanzas avalan el “derecho” de las personas a ser consideradas de la forma como “se sienten” individualmente, sin opción a evaluación externa y objetiva, e incluyen por lo general sanciones pecuniarias.

¿Qué porcentaje real de aprobación tienen estas medidas en la población?

Según las encuestas (que en su mayoría son progay), el porcentaje es bajo. Una reciente encuesta de IPSOS (febrero 2016) señala que solo un 39% de la población votaría por candidatos que aprueben la unión civil y adelanta que un 57% votaría en contra. Otras encuestas elevan el porcentaje de rechazo hasta cerca del 80%.

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