EE.UU.: Baños de género neutro pronto se impondrán en las escuelas de California

Cualquiera que busque confirmaciones acerca de la división cultural del país, puede añadir a la lista de pruebas el tema de la educación y los baños neutros, o de género neutral.

Carolina del Norte provocó un escándalo nacional al exigir que las personas transgénero usen los baños correspondientes al género indicado en sus certificados de nacimiento, citando como justificación principal los riesgos para los niños en edad escolar. California se ha inclinado hacia la otra opción, con poco ruido.

Una norma que aborda el tema de los baños neutrales, la ley 1732 de la Asamblea, fue una de las muchas medidas que competen a la educación firmadas por el gobernador Jerry Brown durante la sesión legislativa que terminó el viernes pasado.

A partir de marzo próximo, cualquier cuarto de baño o aseo en una escuela de California, o en cualquier otro edificio de gobierno, lugar público o negocio, deberá ser designado como apto para todo género, abierto a cualquier persona.

“Esto es algo muy importante”, aseveró Eric Bakke, codirector interino  de relaciones gubernamentales para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), acerca de la ley de los baños neutrales.  Además, es bastante sencillo de lograr, agregó Bakke. “Si ya tienes un baño con inodoro, lo único que debes hacer es cambiar el letrero”.

En una escuela típica, el mayor impacto podría registrarse en los baños del personal docente, que a menudo tienen solo un inodoro y normalmente han sido designados para el uso exclusivo de hombres o de mujeres.

El LAUSD ya ha empezado a ir más allá de esta nueva ley del estado. La primavera pasada, en Santee Education Complex, una escuela preparatoria al sur del centro de la ciudad, designó como de género neutro un cuarto de baño con múltiples cabinas.

Bakke señaló que al LAUSD le ha complacido también la aprobación del proyecto de ley 1593 de la Asamblea, que permitirá a los alumnos inmigrantes recibir ausencias justificadas cuando asistan a sus ceremonias de naturalización para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Ese tipo de ley no parece necesaria en California -o al menos en Los Ángeles, que siempre se ha inclinado hacia un pensamiento liberal- pero el tema puede ser polémico en sitios con una actitud diferente hacia los inmigrantes.

Una de las nuevas leyes facilita a los alumnos su inscripción en clases de estudios étnicos de alta calidad; otra ayuda a los estudiantes de preparatoria a obtener créditos para el colegio comunitario y cumplir con los requisitos de graduación a través de clases que además ofrecen capacitación para el trabajo. Los legisladores intentaron resolver la escasez de instructores en varias partes del estado haciendo más sencillas las reglas de contratación para aquellos que están entrenados y podrían enseñar a los aprendices de inglés.

Más allá de todo esto, lo que no ocurrió en cuanto a la educación este año también fue notable. Algunas personas involucradas en temas educativos esperaban que 2016 fuese un año de contención sobre la mejor manera de reformar las protecciones tradicionales del trabajo de los profesores, como la adquisición del empleo permanente o tenencia del cargo (tenure) y los despidos por orden de antigüedad.

Un veredicto de la corte había aniquilado todas estas protecciones y, de haber sido confirmado, la Legislatura se habría visto obligada a reformar estas reglas. En cambio, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia y la Legislatura aceptó el status quo por el momento. De no haberlo hecho, se hubieran enfrentado a una potencial batalla con la poderosa Asociación de Maestros de California.

El intento de fortalecer el sistema de rendición de cuentas de las escuelas estatales, favorecido por algunos reformadores, también se encontró con un obstáculo. El proyecto de ley 2548 de la Asamblea intentaba alinear los sistemas federales y estatales para calificar las escuelas, señaló Bill Lucía, presidente y director ejecutivo de la organización de defensa EdVoice.

El proyecto de ley también enlistaba las directrices para una fórmula de calificación más rigurosa y más accesible a los padres y los educadores, precisó Lucía. Pero el gobernador Brown empleó su ‘pluma para vetar’ y consideró que el tema no era necesario.

Otro fallido intento de mejorar la rendición de cuentas se centró en las escuelas charter, que son operadas de forma independiente y están exentas de ciertas reglas que rigen para las escuelas públicas tradicionales.

Algunos distritos escolares y sindicatos respaldaban el proyecto de ley 709, que habría obligado a las charter a apegarse más estrictamente a las leyes que rigen los registros públicos, informaciones de carácter financiero y juntas abiertas.

«Aunque apoyo la transparencia», Brown escribió en su mensaje de veto, «este proyecto de ley se extiende más allá de s cuestiones de posibles conflictos de interés, y va demasiado lejos».

Aunque está estrechamente aliado con Brown, el presidente de la Asociación de Maestros de California, Eric Heins, se opuso fuertemente al veto y citó «todos los informes que muestran fraude, desperdicio, mala gestión y el acceso desigual a los estudiantes».

Por su parte, la California Charter School Association, también una poderosa fuerza de cabildeo, sostuvo que está a favor de una apertura, pero se opuso a esa ley en particular.

En general, los partidarios de las charter derrotaron «un conjunto de proyectos de ley que habría impuesto barreras importantes en el éxito de las escuelas charter», aseveró Jed Wallace, presidente de la asociación.

Pero la organización se quedó corta en una de sus principales metas legislativas, el proyecto de ley de la Asamblea 1198, que Brown también vetó. El objetivo de ésta era proporcionar tasas de financiamiento más asequibles para las charter que intentaran construir edificios para sus escuelas.

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Traducción: Diana Cervantes

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