Chile: El Ejecutivo agiliza la agenda LGTB cuando los organismos internacionales fallan

NUEVA YORK, 12 de Agosto (C-Fam) El Gobierno de Chile se comprometió a “promover, avanzar, y apoyar” la agenda homosexual en un acuerdo audaz que va mucho más allá de lo que los activistas homosexuales podrían haber esperado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Ejecutivo chileno fue capaz de superar las posiciones progresistas de la Comisión sobre los derechos LGBT, así como fingir presión internacional sobre las propias instituciones democráticas para aprobar el “matrimonio homosexual”.

El recién publicado acuerdo fue alcanzado en junio e incluyó una denuncia del Movimiento Chileno de Integración y Liberación de los Homosexuales (MOVILH) y tres parejas homosexuales en 2012.

El grupo alegó que Chile estaba violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos al no reconocer el matrimonio homosexual. Pero en realidad nunca tuvo la oportunidad de tener éxito, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En consonancia con la reciente jurisprudencia de otras cortes de derechos humanos internacionales, tanto las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Interamericana como las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana, no han declarado la existencia del derecho humano al “matrimonio homosexual”.

Al abordar las quejas como la de MOVILH, sólo han pedido el mínimo reconocimiento legal para las relaciones entre individuos del mismo sexo. Chile tiene una ley de unión civil desde el año 2015.

La Comisión probablemente habría archivado el caso de no ser por algunos abogados creativos. Chile decidió acordar un arreglo en lugar de permitir que MOVILH perdiera el caso.

Sin consultar a los electores o a la legislatura, Chile prometió al MOVILH y a la Comisión Interamericana introducir un proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en la legislatura estatal, el cual se adoptará a finales de 2017. El acuerdo va aún más lejos.

Exige que Chile incluya políticas lesbianas, bisexuales y trans en los programas de salud para la mujer y “salud sexual y reproductiva”, dar reconocimiento legal a las categorías de orientación sexual e identidad de género, garantizar que la educación sexual nacional y los programas de educación cívica incluyan “contenidos en la diversidad sexual”.

También compromete a Chile a revisar una ley que regula la enseñanza de la religión, con el fin de evitar la discriminación de “maestros y estudiantes”, e incluso requiere que Chile establezca un grupo de trabajo para estudiar la cuestión de la adopción homosexual y la financiación de operaciones para cambio de sexo a través de fondos públicos.

Tanto voces laicas como religiosas han criticado la ideología de género.

“El gobierno confabuló con la Comisión y con el MOVILH con el fin de obligar al Congreso a aceptar su agenda ideológica y cultural”, según el profesor Tomás Henríquez, Director Ejecutivo de la Organización Comunidad y Justicia.

Aunque el acuerdo no obliga a la legislatura del estado, está firmado por varios ministros de alto nivel del ejecutivo de Chile. Los hechos pasaron casi desapercibidos en la prensa chilena.

El Padre Francisco Javier Astaburuaga Ossa, Doctor en Derecho Canónico y Fundador del Proyecto Nasciturus en Chile, dijo que el gobierno está “revelando en secreto, únicamente lo que debía revelar.”

Criticó el acuerdo como “un pacto que pone en peligro tanto la soberanía de nuestro Parlamento, así como nuestra Constitución política, re definiendo los conceptos de matrimonio y familia.”

La presidente de Chile, Michelle Bachelet, ex jefe de ONU Mujer, apoya el acuerdo. Bachelet también introdujo la píldora del día después en Chile y está intentando legalizar el aborto, alegando que es un derecho internacional. Actualmente se enfrenta a una probable derrota en las próximas elecciones nacionales. Su índice de aprobación alcanzó su punto más bajo en junio pasado.

Por Marianna Orlandi

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