Campaña de la Generalitat pide delatar todo supuesto homófobo

La Generalitat de Cataluña, gobernada por la alianza independentista de Junts pel Sí (la antigua Convergència más Esquerra Republicana), anima desde TV3 a los ciudadanos a delatar desde el anonimato a quien les parezca que incumplen la ley aprobada en 2014 con el nombre de «Ley Para Erradicar la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia».

El anuncio se complementa con parejas del mismo sexo con un bebé, entre sonrientes y preocupadas.

LA CARGA DE LA PRUEBA

Esta ley es peculiar con respecto a muchas otras (y a la tradición de garantías occidentales) en que se invierte la carga de la prueba: es el denunciado (en este caso el delatado por teléfono desde el anonimato) el que debe demostrar que es inocente: se le considera culpable hasta que demuestre lo contrario.

Así lo explica su artículo 30: «Inversión de la carga de la prueba: de acuerdo con lo establecido por las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o el interesado aleguen discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y aporten indicios fundamentados de ello, corresponde a la parte demandada, o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad». El demandado (o delatado) debe aportar su justificación, según esta normativa.
Para la Alianza Evangélica Española (AEE) recuerda tiempos pasados, ya que “siguiendo la tradición oscurantista y antidemocrática, coloca sobre los disidentes la carga de la prueba, reintroduciendo la sospecha y la denuncia no fundamentada como instrumento político de represión de los disidentes, creando inseguridad jurídica incompatible con un sistema de libertades”. “La ley además instaura el miedo en los que se atreven a disentir; otra vez arrincona la fe a la privacidad y amenaza a quien se atreva a expresarla en público”, concluía la AEE.

El contenido de la ley catalana LGBT (aprobada dos años antes que la madrileña y modelo para otras leyes autonómicas similares) se puede leer aquí.

Este es el vídeo de la Generalitar que anima a delatar llamando al 012

AEE: RIESGOS PARA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La Alianza Evangélica Española ya hizo un análisis amplio del borrador de esta ley cuando estaba siendo discutida en el parlamento catalán. En un documento que envió a todos los parlamentarios y grupos políticos catalanes representados en el Parlament se llegaba a la conclusión de que aunque la ley “se presenta como innovadora, supone un retroceso en las libertades cívicas y una amenaza a la democracia”, porque daba “un trato específicamente ventajoso para los LGBT en detrimento de derechos fundamentales de los demás”.

Antes de ser aprobada, la AEE alertaba que el borrador era una “amenaza la igualdad” y “fomenta la intolerancia” al establecer “privilegios en el entorno educativo, laboral, sanitario o familiar, y promueve el control ideológico en los medios y promulga criterios de sanción que dan lugar a la arbitrariedad”.

En ámbitos como la Educación, la entidad evangélica temía el “adoctrinamiento en una forma específica de entender la sexualidad”, con una “una inaceptable intromisión de la ideología en la Universidad”.

‘SER MINORÍA NO DA DERECHO A PRIVILEGIOS’

La AEE recordaba: “Los protestantes sabemos lo que significa ser minoría perseguida por el poder y por la sociedad civil, y la democracia aún no ha normalizado la situación; comprendemos la persecución que muchas personas LGBT han sufrido en el pasado”. “Pero en contraste, hoy los protestantes reclamamos igualdad de trato, no pretendemos beneficiarnos del victimismo para obtener nada que no se le conceda a los demás”.

Y se concluía: “A los protestantes este proyecto de ley no nos molesta porque amenace nuestra libertad para opinar sobre la conducta sexual y expresarlo en público, en los medios o en nuestras propias iglesias, sino porque amenaza la libertad de todos; o porque una minoría tenga más privilegios que nosotros, sino porque es profundamente antidemocrático que la administración, que a todos nos representa, prime a una minoría, sea la que sea (…). Nos molesta que la administración muestre debilidad ante esa presión y vulnere su compromiso de trato igualitario con todos los ciudadanos”. Lea más sobre el documento de análisis de la AEE aquí.

FEREDE: “PUEDE AFECTAR LIBERTAD IDEOLÓGICA”

Por su parte, FEREDE (la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) también mostraba su preocupación por el régimen sancionador de la ley catalana. Señalaba su preocupación ante el trato privilegiado para los LGBT en la contratación pública y privada, la promoción del ideario LGBT en la educación, el control mediático e intervención en la libertad de expresión.

Además, consideraba FEREDE, “este régimen sancionador puede afectar muy seriamente a la libertad ideológica, libertad de manifestación y expresión, libertad de prensa, y otras libertades que amparan la discrepancia (dentro del respeto y tolerancia) con los postulados (ideológicos) del colectivo LGBT”.

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