“No la abusé, su madre me la cobró”. dijo el hombre  acusado de violar y embarazar a la nena de 12 años en San Pedro, Jujuy. En el último mes, la justicia consideró que fue una violación y ordenó “interrumpir el embarazo” con una cesárea hecha en forma prematura, que derivó en el nacimiento y posterior agonía de Esperanza, el nombre que se le puso a la beba.  Con “me la cobró” quiso decir que pagó por tener sexo con la nena.  Quien investiga el caso, el fiscal Ernesto Lian Resúa, admitió que la niña vivía en un contexto familiar de posible “riesgo”. Por este motivo, profesionales de la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes serán llamados a prestar declaración testimonial.  El dato más importante de las últimas horas es que la niña de 12 años tiene una hermana que a los 14 años quedó embarazada, tuvo a su bebé y abandonó su hogar tras denunciar a su familia por maltrato. “Es un enfer­mo. Yo nunca hice prostituir a mi hija”, dijo Norma Mamaní, madre de las dos jóvenes. Sin embargo admitió haber recibido una denuncia por maltrato de otra de sus hijas: “Sí hubo (una denuncia) porque yo quería corregirla. Se portaba mal”, afirmó.

Más allá de todo el tiempo que lleve confirmar si fue abuso o prostitución infantil hay una cuestión de fondo: cuando sucedió el caso se hizo foco en el aborto, en poner en marcha el protocolo. La discusión se centró en eso y no en lo más importante: en por qué la menor quedó embarazada (en su momento se daba por hecho la violación y ahora eso está en duda). El plan era apurar el aborto y concluir el caso, como ocurre en las provincias donde se aplica el protocolo abortista. En Mendoza, cuando se discutió esto, uno de los argumentos de quienes rechazan el protocolo fue que el fallo F.A.L “protege al violador”, ya que -para evitar demoras- el aborto se hace con una simple declaración y no con una denuncia. Así, como está hoy la cosa, se corre el riesgo de que se produzcan múltiples abortos sin conocer jamás el origen del embarazo, es decir,  si se trató de una o más violaciones.

Lo ocurrido en Jujuy pone en evidencia que si esto no hubiese tenido trascendencia en los medios podría tratarse de un caso de trata con un protocolo que contribuiría a su encubrimiento. Si no es un caso de prostitución infantil sería, entonces, una violación. Y la misma conclusión: sin la trascendencia en los medios quizás hubiese sido un caso más sin denuncia. El protocolo facilita que se encubra la violación y la trata de personas.

¿Qué se puede hacer?  Establecer en los hospitales la obligatoriedad de la denuncia de un delito de acción pública (como la violación de menores) para impedir la impunidad del violador, y además recabar la prueba de ADN y de fijar la necesidad de que un comité médico evalúe los riesgos reales de vida y salud de la madre (y que lo tenga que fundamentar con firma para autorizar el aborto, conforme al Código Penal Vigente).

 

Fuente: https://www.mdzol.com/opinion/Lo-que-encubre-el-protocolo-del-aborto-20190127-0032.html

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