Por 18 votos a favor y uno en contra se aprobó el pasado 8 de noviembre, en una comisión especial, un parecer favorable a una Propuesta de Enmienda Legislativa (PEC) que extiende el permiso de maternidad en caso de parto prematuro y especifica en la Carta Magna que el derecho a la vida debe ser protegido por el Estado desde el momento de la concepción.

La PEC 181, como es conocida, altera el artículo 7 de la Carta Magna para garantizar que toda mujer que sufre un parto prematuro pueda obtener permiso para ausentarse de su trabajo “por la cantidad de días que el recién nacido esté internado”, sin dejar de recibir su salario ni poner en riesgo su empleo.

Además modifica el artículo 1 de la ley fundamental del país para especificar que el Estado reconoce la dignidad humana de todo ser humano “desde el momento de la concepción“.

El artículo 5 también detalla que la igualdad delante de la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, así como la  inviolabilidad del derecho a la vida, será protegida “desde la concepción”.

En la práctica, si la PEC 181 es aprobada por el Legislativo, impedirá una progresiva ampliación de los supuestos en los que el aborto no es penalizado en el país.

En los últimos años el lobby abortista ha conseguido avanzar gracias al activismo del Tribunal Federal Supremo (STF).

Desde hace por lo menos dos décadas y a pesar de una agresiva actuación de un grupo minoritario de parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT), el Congreso brasileño se ha mostrado contrario a legalizar el aborto o a ampliar las excepciones ya existentes a su despenalización.

Un freno al ‘activismo judicial’

En el sistema jurídico actual de Brasil, el aborto es un crimen en todos los casos, pero no es penado en caso de violación, de riesgo de vida para la madre o si el bebé en gestación tiene anencefalia.

Este último supuesto no fue puesto en marcha por el Legislativo trae un amplio debate, sino que fue impuesto por una sentencia del STF, de marzo de 2016, bajo el argumento de que la libertad de la mujer para optar de forma unilateral por el aborto es absoluta. La acción fue promovida por organizaciones feministas.

En esa ocasión el magistrado Luiz Roberto Barroso, que fue activista pro aborto antes de llegar a la Corte, llegó a decir, ignorando todas las disposiciones legales existentes al respecto, que “la interrupción del embarazo” antes del tercer mes de gestación no era un crimen. No todos los demás ministros se atrevieron a tanto.

“Podemos decir con plena seguridad que la despenalización del aborto en casos de anencefalia se introdujo en nuestro país a través del activismo judicial de nuestra máxima corte, lo que vulnera frontalmente el estado de Derecho y la separación de poderes, establecida como cláusula pétrea en nuestra Carta Magna”, afirma el jurista Elival da Silva Ramos.

Para el profesor de la Universidad de São Paulo, hay activismo cuando los órganos del Poder Judicial sobrepasan los límites de su actuación, pues debe aplicar los dispositivos existentes en la ley y no crear -a través de sentencias- nuevas leyes o normas constitucionales.

Según el procurador Paulo Jacobina la actuación del STF en ese caso fue absurda pues determinó que no había que hacer caso al Congreso Nacional por tener una posición mayoritariamente contraria a la práctica del aborto e impuso la despenalización a través de una medida judicial. “Hay una clara interferencia en las atribuciones de un poder que es autónomo”, afirma Jacobina.

De hecho, los parlamentarios brasileños percibieron esa medida como una afrenta y decidieron crear, con la autorización de Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, una comisión especial, el 28 de marzo de 2016, para profundizar en las discusiones sobre “la dignidad de la persona humana y el derecho a la vida, el estado de Derecho y el activismo judicial”.

Los diputados consideraron que la comisión donde se discutía la iniciativa que pretende ampliar el permiso por partos prematuros era el lugar adecuado para discutir estos temas e incluir la iniciativa en trámite que pretende explicitar la protección al no nacido en la Constitución.

De esta manera la mujer puede obtener su permiso para faltar al trabajo y estar cerca de su bebé prematuro, ya que el niño tendría derecho a recibir los cuidados de su madre. Si se obtuviera ese derecho siendo prematuro, se podría ampliar a que desde el momento de la gestación se comenzara a contar con ese derecho, y por eso se eligió esa comisión para ampliar el debate.

Ahora que la PEC 181 ha sido aprobada en la comisión, se votarán diversas propuestas que pretenderán cambiar el texto, la mayoría para retirar la frase “desde la concepción”. Se prevé que todas ellas sean rechazadas y que el texto íntegro avance al plenario donde puede ser votado en febrero de 2018. Si se aprueba, pasará luego al Senado.

De acuerdo con el diputado Jorge Mudalen, autor del parecer favorable a la PEC 181, la iniciativa es una respuesta al avance indebido del STF para ampliar la despenalización del aborto.

“Los magistrados, que no fueron elegidos, y por tanto no tienen vinculación directa con el pueblo, que es titular del poder, no pueden olvidar que es el Legislativo quien posee la atribución de establecer normas sobre un tema tan delicado, y mucho menos que la inmensa mayoría del pueblo brasileño rechaza la práctica del aborto”, subraya Mudalen.

Fuente: https://www.actuall.com/criterio/vida/avanza-en-brasil-un-cambio-a-la-constitucion-para-blindar-al-pais-del-aborto/

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