Por Carlos Alvarez Cozzi.

El Partido Laborista del Reino Unido es posible que presente “una enmienda para prohibir las protestas fuera de los centros abortistas”, según consignan los medios de prensa. Como ya sucede, lamentablemente, en algunos otros países.

Así lo ha asegurado la diputada Rupa Huq, durante una reunión de su partido en la que aseguró que los manifestantes provida estaban “armando jaleo” fuera de su un abortorio su distrito electoral.

Según informa “Catholic Herald,” Huq detalló: “Tenemos el centro “Marie Stopes” en Ealing que durante el tiempo que puedo recordar, ha habido una vigilia falsa constante fuera del abortorio, con personas que detienen a las mujeres que van a la clínica para acceder a los servicios“.

En Madrid, España, y en otros lugares del planeta, han sido detenidos frente a los abortorios muchas veces los manifestantes que protestan por la muerte de inocentes, en algunos casos, junto con el intento de disuadir pacíficamente a las mujeres que allí concurren a abortar. Se trata del derecho pacífico de libertad de expresión, reconocido universalmente en los tratados de derechos humanos y en la Constituciones de los Estados, como tal.

En 2014, Yvette Cooper, miembro del Parlamento del Reino Unido, pidió “zonas de amortiguación” alrededor de los abortorios, respaldando una campaña por el British Pregnancy Advisory Service (BPAS), el mayor proveedor de aborto en Gran Bretaña.

Estos mismos partidarios de prohibir el legítimo derecho de protesta ante la práctica del aborto, cuando el aborto aún no estaba legislado en muchos Estados, se manifestaban públicamente a favor de la legalización del crimen, pero ahora que han logrado su autorización legal, pretenden prohibir ese mismo derecho del que ellos gozaban, a los pro-vida. Lo que los descalifica doblemente desde el punto de vista ético.

Algo similar a lo que ocurre con la mayoría de los integrantes de los grupos LGBTI. Cuando no estaban empoderados, reclamaban tolerancia y no discriminación. Luego que algunas legislaciones estatales han regulado lo que ellos denominan “agenda de derechos”, no sólo pretenden prohibir la expresión pacífica de los que no coinciden con su estilo de vida, sino que los amenazan con denunciarlos y los denuncian penalmente por discriminación, en tanto muchas legislaciones nacionales, que accedieron a sus presiones, califican como delito toda manifestación contraria de dicha agenda, lo cual es absolutamente absurdo. Una cosa es una expresión pacífica y respetuosa de disconformidad y otra la instigación a la discriminación injusta o al desprecio.

Pero así están las cosas con los que temen no ser “políticamente correctos”. El mal avanza en el mundo no tanto por su propia fuerza sino por la desidia y el temor de los que deberían ponerle límites.

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