La ‘Ley Mordaza’ contra las ofensas al colectivo LGTBI que está preparando Podemos tiene algunos aspectos que podrían ir contra lo constitucional. Esta ley fue registrada el pasado mes de mayo, y por ahora ya está en trámite parlamentario. Aun así, algunos juristas opinan que podría incluir importantes restricciones a la libertad de expresión, y podría considerarse inconstitucional en muchos términos.

Cabe recordar que el texto que se publicó en la web del Congreso ha provocado un sinfín de críticas legales, por lo que el partido de Pablo Iglesias ha tenido que hacer algunas correcciones sobre la marcha. Aun así, algunas de las críticas recibidas han sido de miembros del propio partido, como Juan Carlos Monedero.

Dentro de la ley hay un apartado que fija una cuantía para las multas por opiniones o conductas “ofensivas” contra el colectivo LGTBI. Se trata de hasta 45.000 euros de multa, una cuantía totalmente desproporcionada. Estos son algunos de los principales artículos polémicos de la ley:

Artículo 20. Principios rectores de la atención sanitaria a las personas transexuales y transgénero

En el apartado bis de este artículo se establece que “a partir de los 16 años de edad, los menores transexuales y transgénero podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica. A partir de la pubertad podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado”.

Esto significa que, si un adolescente de 11 o 12 años decide que quiere cambiar de sexo, lo podrá hacer sin necesidad de que sus padres lo sepan y lo autoricen.

Artículo 74. La inversión de la carga de la prueba

Este artículo propone la inversión de la carga de la prueba en caso de discriminación contra miembros de este colectivo. Significa que los que sean denunciados serán los que tendrán que demostrar su inocencia, en lugar de que sean los acusadores los que deban aportar pruebas que demuestren la culpabilidad. Esto es muy grave, ya que un principio fundamental del Derecho es la presunción de inocencia, que quedaría totalmente anulado con esta ley. Además, cabe recordar que ninguna otra ley en España (y ninguna ley en cualquier otro país) funciona con este planteamiento.

El partido de Iglesias ha querido lanzar un salvavidas y se han protegido con el matiz del apartado 4, que excluye “los procedimientos penales y los administrativos sancionadores”. Esta enmienda fue una de las que se vieron obligados a añadir por la gravedad de establecer un principio de culpabilidad vulnerando un derecho que data del Derecho Romano y que está protegido por el artículo 24 de la Constitución Española.

Artículo 94. Infracciones

Este artículo hace referencia a lo que considera infracciones graves. Se refiere a “reincidir o difundir” en Internet y las redes sociales mensajes o contenidos que puedan ofender al colectivo LGTBI. Por lo que un chiste, un meme, o una crítica al lobby LGTBI serían sancionables. Pero lo cierto es que la facultad sancionatoria sobre conductas que afecten a los derechos fundamentales solo debe residir en los jueces, y no en la Administración. Sino se está atentando contra el derecho a la libertad de expresión, otro de los fundamentales.

Artículo 96. Sanciones

En el apartado 4 de este artículo se posibilita la destrucción, incautación o el cierre de publicaciones en Internet si se producen comentarios contra el colectivo LGTBI. Cabe recordar que, en el secuestro de publicaciones, así como en las redes sociales, sólo lo puede decretar un juez, y nunca un funcionario administrativo.

En cambio, con esta ley los medios de comunicación y las asociaciones cívicas se podrán cerrar sin necesidad de que intervenga un juez. La decisión la tomará un organismo del que forman parte las asociaciones LGTBI. Se trata de la Agencia Estatal contra la Discriminación Sexual, un organismo que se crearía para que los funcionarios que estén adscritos en él puedan sancionar todo lo que crean culpable. Un organismo que, evidentemente, estará sufragado con dinero público.

Fuente: https://www.forumlibertas.com/ley-mordaza-lgtbi-podemos-inconstitucionalidad/

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