Por Carlos Alvarez Cozzi

Nos enteramos, aunque realmente sin sorprendernos, en esta sociedad líquida global en que vivimos, que en Australia, donde están legalizadas las uniones entre personas del mismo sexo con rango de “matrimonio”, la legislación de ese Estado, sin embargo, es discriminatoria.

Porque los matrimonios heterosexuales pueden ser disueltos por divorcio pero no así los homosexuales.

Ante ello la ONU, por medio del Comité de Derechos Humanos, objetó que a una mujer australiana le haya sido negada igual protección bajo la ley, debido a que Australia no permite que ella promueva ante la Justicia la disolución de su “matrimonio” legal homosexual. El Comité de ONU expresó que la decisión constituye una violación al Artículo 26 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Nos alegremos mucho que las Naciones Unidas sea coherente, y si está apoyando o impulsando las legislaciones del relativismo no calle ante al avasallamiento de un derecho.

¿Cómo es posible sostener lógicamente que un matrimonio heterosexual tenga derecho a divorciarse pero se le niegue el mismo derecho a una pareja gay unida legalmente ante el mismo Estado? ¿Cuál es la razón?

Creo que por una razón ideológica se niegan a reconocer un hecho de la realidad. Parecería que recién se dieron cuenta que las parejas gays en su gran mayoría en realidad, no les interesa estar casadas y que la reivindicación fue parte de la Agenda con los fines conocidos de los grupos LGBTI.

En Uruguay, luego de cinco años de vigencia de la ley de “matrimonio igualitario”, el Registro de Estado Civil admitió que no se llevaron a cabo ¡más de 50 casamientos! Y no sabemos aún cuántos están ya separados o divorciados, aunque nos consta que ello ha sucedido porque Uruguay no es Australia, y hay divorcio no discriminatorio. Lo más latoso es que ninguna de las organizaciones conocidas citadas haya salido a quejarse así como tampoco sus aliadas estratégicas: las feministas radicales de género.

Por eso lo del título de esta nota. Hay algunos países que parecen apoyar legislaciones “progresistas” pero “for export”, no para casa. Y si no que trate de explicar el Estado australiano en qué se basa para impedir el derecho al divorcio de una persona homosexual unida con otra de su misma orientación.

Tal es el escándalo que debió salir la ONU por su Comité de Derechos Humanos a recordarle a dicho país que se está violando con esta decisión arbitraria, el art. 26 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Como venimos repitiendo, en una sociedad líquida no cabe esperar que cesen los dislates legislativos ni éticos, lamentablemente.

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