El ministerio de Derechos Humanos del gobierno de Michel Temer pidió que dos iniciativas de ley impulsadas por el lobby LGBTI sean tramitadas en régimen de “urgencia” en el Congreso Nacional.

Una permite que operaciones de “cambio” de sexo sean realizadas en niños y adolescentes sin autorización de los padres o tutores, y otra que se convierta en “crimen de homofobía” cualquier opinión crítica a la homosexualidad y a la ideología de género.

Esto último puede tener graves consecuencias sociales y políticas, además del atropello que supone a los derechos humanos.

Si el proyecto prospera -y ya vemos que el Gobierno lo apoya- quienes se opongan a la agenda LGTB pueden perder su puesto de trabajo o ver restringido el acceso a hoteles, restaurantes y medios de transporte.

Serán penalizados quienes, por ejemplo, no acepten cocinar una tarta para una boda gay, como ya está ocurriendo en algunas ciudades de EEUU y Canadá. Y estarán amenazadas por sanciones los seminarios que nieguen el acceso a quien afirme ser transexual u homosexual.

El pasado 28 de junio, a través de un discreto oficio de tres párrafos, la ministra Luislinda Dias de Valois, requirió a Rodrigo Maya, presidente de la Cámara de la Cámara de Diputados, agulizar la apreciación y aprobación de los proyectos de ley 5002/2013 y 7582/2014.

Este es el primer acto en favor del lobby gay de un funcionario del gobierno de Temer, a cargo del Ejecutivo desde agosto del año pasado después del proceso de destitución (impeachment) de Dilma Rousseff.

La funcionaria reconoce explícitamente que tal solicitud es fruto de un encuentro realizado el 27 de junio con la directiva del Consejo Nacional del Combate a la Discriminación y Promoción de los Derechos LGBT.

Este órgano, fundado en diciembre de 2010, es herencia de los gobiernos socialistas del Partido de los Trabajadores (PT). Fue creado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por decreto unos días antes de transferir el cargo para la exguerrillera Dilma Rousseff.

El consejo fue un “pago” de Lula al movimiento LGBT por su intensa participación en la campaña electoral y desde entonces opera, más que como órgano técnico y consultivo, como instrumento político de presión en favor de la agenda LGBT.

El proyecto de ley 5002/2013 es de autoría de los diputados federales Jean Wyllys, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), el ‘Podemos’ brasileño, y Érica Kokay, del Partido de los Trabajadores.

Ley Joao Nery

La iniciativa es denominada “Ley de Identidad de Género” ou “Ley João Nery” en honor a la primera mujer brasileña que se operó para “reasignar” su sexo biológico como “masculino” en el lejano 1977.

La norma dispone que toda persona tiene “derecho al reconocimiento de su identidad de género” y a ser tratada de acuerdo a como se “autoperciba”.

Explica que se entiende por “identidad de género” la “vivencia interna e individual de como cada persona se siente, que puede corresponder, o no, al sexo atribuído después del nacimiento”.

Estipula que el cambio de apariencia física es un “derecho”, así como la “rectificación” de su sexo y nombre en registros públicos y documentación personal derivada.

Las cirugías podrán ser realizadas bastando el consentimiento de la persona interesada sin necesidad de ninguna evaluación psicológica.

El aspecto más polémico de la iniciativa se refiere a que tanto el cambio de nombre como la operación de “cambio de sexo”podrán ser realizadas por menores de edad sin autorización de sus padres o tutores.

La solicitud deberá ser realizada por medio de sus “representantes legales” y con “expresa conformidad de el niño o adolescente”. Y cuando no sea posible obtener el consentimiento de alguno de sus “representantes legales” podrá recurrir el Defensor Público para obtener autorización judicial.

Ley de “crímenes de odio”

La segunda iniciativa apoyada por el Ministerio de Derechos Humanos es el proyecto de ley 7582/2014, de la diputada petista Maria do Rosário Nunes, que define los crímenes de odio y crea mecanismos para cohibirlos.

Define como “crimen de odio” la ofensa a la vida o a la integridad corporal o psocológica motivada por prejuicio o discriminación en razón de “clase social, condición de migrante o refugiado, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, religión, situación de calle o deficiencia”.

Esta contemplado como tal negar el trabajo o despedir en empresa privada, impedir o dificultar el acceso a cargos públicos, rechazar el acceso a instituciones de educación o a cualquier profesión, así como a clubes, hoteles, restaurantes, medios de transporte, y cualquier tipo de servicio público o privado.

Podrá ser crimen, por emplo, negar el acceso de una persona que afirma ser “transexual” u homosexual a un seminario, por ejemplo. También señala que es crimen “ejercer violencia psicológica” con conductas que causen daño emocional y disminución de la autoestima, que perjudiquen el desarrollo de la persona.

Así como practicar, inducir o incitar a la discriminación o prejuicio por medio de “discurso de odio” o cualquier símbolo por cualquier tipo de medio de comunicación, incluida la red mundial de computadoras.

En la práctica estos dispositivos legales acabarían con cualquier tipo de cuestionamiento o comentario crítico a la idelogía de género o a la agenda LGBT.

Homilias, discursos, escritos, o campañas en favor, por ejemplo, de la familia natural serían considerados crímenes de odio. La pena sería de uno a seis años de prisión y multa.

Aplicadas en sentido estricto, las normas de esta iniciativa legal podrían llegar hasta a dañar la patria potestad y el derecho de educación de los padres.

Padres que ofrezcan a sus hijos una educación sexual donde no existen “géneros” podría ser considerada discriminatoria. El cuadro se agrava con un artículo que prevé retirar al “agresor” del hogar e impedir su convivencia con la “víctima”.

Los proyectos de identidad de género y de crímenes de odio se tramitan desde 2013 y 2014, respectivamente, en la Cámara de Diputados y han afrontado fuertes resistencias por parte de otros legisladores.

Durante el mandato de Dilma Rousseff recibieron un fuerte apoyo del Ejecutivo. El respaldo paró con la llegada de Temer al poder después del impeachment de 2016. La intervención de la ministra de Derechos Humanos pidiendo urgencia en la tramitación es un hecho inédito en el casi un año de gobierno de Temer que podría señalar un cambio en la agenda del gobierno.

El oficio de Dias de Valois deja una pregunta en el aire: ¿Interesa sólo a la funcionaria la aprobación de tales proyectos del lobby gay o es también del real  interés del presidente Temer?

Fuente: https://www.actuall.com/familia/segun-una-ley-gobierno-brasileno-podra-castigar-los-seminarios-no-acepten-transexuales/

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