Debilitar las relaciones familiares parece ser uno de los objetivos que el actual gobierno se propone alcanzar, impulsado por medio de diversos proyectos de ley. Este propósito se procura, principalmente, a través de la desvalorización del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.

El proyecto de aborto no está exento de esta pretensión. Y si bien es cierto que su principal defecto es permitir que se pueda atentar directamente contra la vida de los niños que están por nacer bajo algunos supuestos, no se debe perder de vista la pequeñez con que el proyecto trata el rol educador de los padres.

Así, por ejemplo, la iniciativa plantea que si una menor de 14 años tiene la intención de abortar, además de su voluntad, debe contar con la autorización de sus padres (lógicamente, cuando el padre no ha sido el violador). Sin embargo, enseguida se señala que si ambos tienen el cuidado personal de la niña -que es lo que habitualmente ocurre-, solo será necesario el permiso de uno de los dos, a elección de ella. Al que la niña no elija, ni siquiera se le debe informar sobre la intención de abortar de su hija.

Más allá de lo que significa que una niña de 11, 12 o 13 años se practique un aborto, la idea de convertir en irrelevante la autoridad de uno de los padres es, a lo menos, irresponsable. En efecto: lo que más requiere una niña que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, frente a la decisión de abortar, es estar unida a sus padres. El proyecto, en cambio, lo que propone precisamente en esos momentos es debilitar la relación familiar y alejarla deliberadamente de uno de ellos.

Con todo, la afectación del derecho de los padres de educar a sus hijos no termina aquí. El proyecto dispone más adelante que si el padre elegido por la niña no la autoriza a realizarse el aborto, esta igualmente podrá hacerlo. Para ello, solo debe ir a un establecimiento de salud y pedir que un integrante del equipo médico que eventualmente le practicará el aborto la acompañe donde un juez para que este la autorice, incluso en contra de lo que su padre o madre consideran que es lo mejor. Lo único que debe hacer el juez que recibe esta solicitud es constatar la concurrencia de la causal y resolver en menos de 48 horas. En este brevísimo tiempo, solo debe escuchar al padre que denegó la autorización (al otro sigue sin considerarse), pero su opinión no será en ningún caso vinculante.

Por si esto fuera poco, para el caso de que la solicitante del aborto sea una niña mayor de 14 años y menor de 18 (que es el rango de edad en el que, según la evidencia disponible, más abortos se llevan a cabo), el proyecto solo exige que se le “informe” a uno de los padres.

La intención de debilitar el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos (derecho constitucional) es evidente. Todo el esfuerzo que hemos hecho en el último tiempo por consagrar en nuestra legislación la corresponsabilidad parental, en el interés superior del niño, se echa por la borda. La consigna que instala el proyecto, de hecho, podría rezar de esta manera: que las niñas aborten, si esa es su voluntad, incluso si ello significa pasar por sobre la opinión de sus padres. Esto, sin embargo, vuelve doblemente injusta -e inconstitucional- la iniciativa: no solo desvaloriza la vida humana del que está por nacer, sino también relativiza la labor educativa de los padres, afectando gravemente a la familia.

Hernán Larraín F.
Senador UDI

Cristóbal Aguilera M
Abogado

Fuente: http://www.elmercurio.com/blogs/2017/07/17/52649/Aborto-y-el-debilitamiento-de-la-autoridad-de-los-padres.aspx

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