Un Estado de derecho no puede tener una doctrina ideológica. No puede definirse como “liberal” porque excluiría a los ciudadanos que no lo son. Sus acuerdos fundamentales se expresan solo en lo establecido en la Constitución. A pesar de esta obviedad, España, PP, PSOE; así como también los nuevos, Ciudadanos y Podemos, han introducido la perspectiva de género como ideología de estado a partir de consagrarla como tal en leyes sectoriales, la de la violencia de género es una de ellas, pero ni mucho menos la única. También se ha introducido normativamente en la enseñanza, en todos sus niveles, hasta detentar un rango universitario y en diversos grados de estudio obligatorio. ¿Qué diríamos si este punto d vista se adoptara con el liberalismo o el marxismo?  El rechazo sería patente. Pero el Gender no se presenta como una ideología, sino como la Verdad en un sistema en el que, por definición, tal cosa no existe.

En la medida en que se legisla desde el generismo, se discrimina a todos los ciudadanos que no comparten esta ideología.

En la práctica, esto significa que otorgan, en muchos casos, privilegios a las personas concernidas, en detrimento de la mayoría. Imponen sanciones asimétricas en función de la condición de hombre o mujer. Deteriora las instituciones insustituibles socialmente valiosas, como el matrimonio, la maternidad, la paternidad y la descendencia, porque persigue como único fin la dialéctica de conflicto hombre-mujer o, en su caso, el beneficio de la satisfacción del deseo de las personas LGBTI. También es el caso de la educación escolar, obviando el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, o la obligación de las universidades a promover la docencia sobre la diversidad sexual y afectiva, y la de los medios de comunicación de dar un tratamiento informativo siempre positivo a estas personas; así como la obligación de la administración de velar por sus necesidades específicas, tanto dentro del ámbito público como del privado. Esto no son generalidades sino prescripciones concretas de diversas leyes autonómicas, que tienen un resultado desconcertante para los unificadores españoles que en nada se oponen al hecho de que las personas tengan derechos relevantes distintos en razón de si viven en Castilla y León o en Andalucía.

La perspectiva de género como ideología de estado, se expresa mediante normas injustas en su régimen sancionador. Lo son en la medida que tratan de manera diferente al ser humano en razón de si es hombre o mujer, como categoría biológica y no como sería justo en función de cada caso concreto, esto es, mediante causas agravantes, atenuantes y eximentes. Además, con las legislaciones autonómicas, se añaden otras de rango administrativo, que no tienen parangón con las que pueden darse en relación a otros colectivos que no pertenezcan a la identidad del deseo definido por la perspectiva de género. Por ejemplo, establecen multas variables en los casos de discriminación pero, si estas se refieren a personas LGBTIT, se añaden otras de carácter grave, como la prohibición de contratar, licitar o recibir subvenciones de las Administraciones públicas.

En determinadas normas autonómicas se excluye la presunción de inocencia y se introduce la inversión de la carga de la prueba, mediante la  cual quien denuncia no ha de aportar ni demostrar nada, sino que es el denunciado quien debe demostrar su inocencia.  Este hecho puede crear problemas laborales importantes al aducir que el despido se basa en una discriminación por orientación sexual, por ejemplo, y corre a cargo de la empresa demostrar su inocencia. Este enfoque, unido a la presión mediática, es un poderoso instrumento de presión y, por tanto, de poder, para las organizaciones que pueden aplicarlo, que son exclusivamente las del ámbito LGBTIT

Son excluyentes e injustas porque no se regula para todos los grupos en posible situación de riesgo de discriminación. Solo se atiende a las identidades que establece la perspectiva de género, a las que se refuerzan con leyes hechas a su medida y se las dota de privilegios y recursos. Otros colectivos más débiles y con menor protección previa, pobres, inmigrantes, por razón de índole religiosa o étnica, mujeres embarazadas, hombres mayores de 55 años, carecen de una protección de la discriminación integral y especifica. Así, los pobres u otros colectivos discriminados, su situación no es enseñada en la escuela, ni estudiada en los grados universitarios. Tampoco se espera que siempre se dé de ellos un tratamiento positivo en los medios de comunicación. Sus organizaciones no reciben subvenciones especiales, la administración está obligada a promover su asociacionismo, a empoderarlos, ni disponen de un Consejo en el seno de las instituciones públicas para supervisar que las medidas que adopten se ciñan a sus necesidades. Todas estas, y otras, son ventajas que si reciben los grupos LGBTIT.

La sociedad española no es consciente de la situación que generan estas leyes, de su alcance y de sus consecuencias, así como de la profunda injusticia que genera este estado de cosas.  Por ello es necesario abrir un debate ciudadano presidido por el respeto, la racionalidad y los hechos.

Fuente: http://www.forumlibertas.com/perspectiva-genero-discriminacion/

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