Charlotte Goiar *

Aunque parezca increíble, las Cortes del parlamento valenciano han aprobado hoy una ley que atenta contra la integridad física y moral de las personas diagnosticadas con Disforia de Género (DSM-5) una patología reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde los años 60 y que a día de hoy se conoce como Incongruencia de Género (CIE-11 Beta 2017).

En un intento de vender una “ley progresista”, retrocedemos a los años 20 del siglo pasado cuando todavía no se había logrado que la comunidad médica internacional entendiese y mucho menos reconociese como patología legítima este tipo de trastorno del desarrollo sexual, y se practicaba clandestinamente la primera cirugía de reasignación sexual documentada, en Dinamarca, que terminó con la muerte de la paciente. (Trailer: La Chica Danesa, 2015. Universal Pictures).

En la versión original de los protocolos asistenciales internacionales de tratamiento para esta patología (Standards of Care) publicados en el año 1979 por la Harry Benjamin Gender Dysphoria Association en los EEUU, ya se preveía en su Estándar de tratamiento Núm. 1 (4.1.4) lo siguiente: “el tratamiento hormonal o quirúrgico solicitado únicamente a petición del paciente está contraindicado” .

Y con toda razón, pues se trata de una de las patologías más graves y que conllevan uno de los tratamientos más dramáticos de los conocidos en la historia de la medicina, lo que implica que debe ser un médico especialista el que lógicamente determine qué tipo de tratamiento debe seguir una persona que padece este trastorno, un principio que no ha variado hoy en día.

Ningún cirujano puede practicar una cirugía de reasignación de sexo en ningún país civilizado del mundo sin un diagnóstico previo que demuestre mediante su correspondiente informe médico la existencia real de esta patología y la imposibilidad de otro tipo de tratamiento para su curación.

La subversiva ideología de género y los lobbies LGTB nos pretenden hacer creer que estas personas no sufren patología ninguna, sino que al contrario “es una cuestión de identidad” amparándose en el derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad pero omitiendo descaradamente el mismo derecho constitucional a la protección de la salud.

Es como negar que la Enfermedad de Parkinson sea una enfermedad y en su lugar adoctrinar que eres “un parkinson” o “una parkinson” y llevar pancartas y banderas de colores para hacer valer “tu derecho” a ser lo que no eres.

Hubo una época también hace no mucho tiempo que algunas asociaciones de padres de niños con síndrome de Down negaban la realidad del síndrome, haciéndolo ver como una parte más de la diversidad humana, con el propósito de quitar el estigma de enfermos a estos pacientes, pero obviamente se trata también de una patología que requiere de unos protocolos de atención médica, y se ha demostrado ampliamente que son mejor aceptados socialmente gracias al cariño y la empatía fruto de las numerosas campañas de sensibilización a esta patología.

La mayoría de los padres de niños y niñas con disforia de género los estigmatizan desde edades muy tempranas confundiendo su identidad con etiquetas ambiguas como “trans” y en lugar de llevarlos al médico los convierten en un espectáculo mediático, pero luego irónicamente se quejan de que sufren bullying escolar.

El estigma viene de la etiqueta, no del padecimiento que sufren estos pequeños. Al contrario de lo que sucede con otros menores con otros muchos síndromes del desarrollo sexual que no son estigmatizados con etiquetas políticas desde la infancia y llevan una vida normal, y están a tratamiento médico.

No es así en el caso de estos niños con un diagnóstico potencial de Incongruencia de Género (CIE-11) cuyos padres los adoctrinan desde su más tierna infancia hacia verlo como algo “normal”, “deseable” y “saludable”, con lo que a su vez logran conmover a la opinión pública con la exposición pública de estos niños a través de vídeos subidos a YouTube y otros cuentos estereotipados con dibujos publicados en la prensa generalista, hasta que al final la gente entiende que esto es lo “aceptable”, lo “progre”, y lo que hay que defender; mientras que lo contrario -ser un padre responsable y llevar al niño al médico, y opinar en este sentido-, es lo que hay que odiar y repudiar.

Esta nueva ley no sólo contradice a la medicina sino que es incompatible con la Ley estatal de Identidad de Género aprobada en 2007 según la cual para poder rectificar los datos concernientes al nombre y al sexo en tu documento nacional de identidad, esto sólo se puede llevar a cabo con un preceptivo informe médico de “Disforia de Género”.

Por lo cual no sólo se crea inseguridad médica y jurídica, sino que al pretender eliminar el diagnóstico médico oficial se atenta contra la integridad de un grupo de personas menores de edad muy vulnerables a la manipulación al que son sometidas debido a estas leyes en el mismo material escolar, intentando así perpetuar los dogmas de la ideología de género de generación en generación, sin importar los riesgos para la salud pública que ello pueda conllevar.

No debemos olvidar que estos casos son muy minoritarios, y bien entendidos todos comprendemos lo delicado y lo sensible que es el tema, sin necesidad de crear programas educativos que tergiversan a propósito la realidad del sufrimiento de estos menores, para adoctrinar en ideología de género; y mucho menos llegando a la salvajada de pretender anular los protocolos de atención sanitaria ya establecidos para estos casos, y obligar por ley embozadamente a creer que esto es una cuestión de libertad de género y negar patologías que revisten gravedad.

En conclusión, estas leyes de adoctrinamiento sexual que se imponen como “progres” suponen un serio retroceso para el tratamiento digno de las pocas personas que pudiesen necesitar ayuda psicológica y médica para este tipo de trastorno.

Y suponen por su extensión a todos los demás, un verdadero riesgo para la salud pública dados los mensajes e imágenes que promueven, y una flagrante vulneración de los derechos de los padres a educar a sus hijos en sus propios valores. Nos afecta a todos negativamente como sociedad, aunque empecemos a darnos cuenta lentamente de ello ahora, cuando el mal ya está hecho.

Y, es que quien escribe en el corazón de un niño, escribe para siempre.

  • Charlotte Goiar es la primera persona en España a la que el Supremo autorizó a cambiar de sexo.

Fuente: http://www.actuall.com/criterio/familia/valencia-retrocede-1-siglo-los-derechos-las-personas-disforia-genero-charlotte-goiar/

Noticias Recientes

Buscar noticias dentro de conapfam.pe