El contenido del currículo (lo que dice, o lo que no dice), ha polarizado al país. Pero lo ha polarizado de manera injusta o cuando menos antagónica, como si se tratase de los “buenos” frente a los “malos”, de “los que están a favor de la igualdad” y “los que no lo están”, de los “ilustrados” y los “ignorantes”, de los “progresistas” y los “retrógrados”, de los “defensores de la libertad” y los “homofóbicos”, de los “defensores de la igualdad” y “los machistas”, de los “laicos” y los “fanáticos religiosos”. Desde esta perspectiva, en la que se descalifica de la peor manera al que no está de acuerdo con el Gobierno, no es posible el intercambio de ideas y es poco probable que se genere el diálogo necesario para un cambio positivo.

Lo más curioso es que quienes reciben todos los calificativos negativos, es decir, los que están en contra de la implementación del Currículo Nacional de Educación… ¡son la mayoría! Y si bien podría argumentarse que no siempre la mayoría tiene la razón, en este caso, podemos decir que, en democracia, a la mayoría -cuando menos – se le escucha.

Una mayoría compuesta por padres de familia sinceramente preocupados porque el Estado ha propuesto en el Currículo Nacional, un enfoque por demás controversial y confuso, denominado “Enfoque de igualdad de género”. Un enfoque cuyo principal argumento es buscar la igualdad entre hombres y mujeres (querido por todos), pero que se basa en planteamientos ideológicos bastante alejados de la realidad, pues fundamentan la igualdad en la eliminación absoluta de las diferencias entre hombres y mujeres, dándole al “género” la categoría de construcción social arbitraria o subjetiva, capaz de constituirse al margen del dato biológico.

Esto además genera la intromisión del Estado en un aspecto muy importante para el desarrollo de sus hijos: la educación sexual. Sobre todo, están preocupados por la manera tan invasiva e inapropiada que propone el currículo y los demás documentos que el MINEDU ha aprobado (como las Guías de Educación Sexual) para abordar este tema. La sexualidad se deja de considerar un elemento constitutivo del desarrollo personal, relegándolo a un ámbito meramente biológico o de obtención de placer. Y cuando se reduce a esto, se promueve el inicio de la actividad sexual a edad temprana, los embarazos adolescentes y la proliferación de enfermedades de transmisión sexual; precisamente aquellas cuestiones que se supone quieren evitar.

Si bien ahora el currículo hace referencia a una “Educación Sexual Integral” (ESI), no debemos soslayar lo señalado en los documentos formativos adicionales al currículo (y que no han sido modificados), que señalan que “la sexualidad no es solo biológica, es una construcción social y simbólica que las distintas sociedades han elaborado (…)” y considera que siempre ha sido “objeto de un conjunto de dispositivos culturales, morales, religiosos y legales que han establecido cómo “debe ser” el comportamiento apropiado para varones y mujeres en este campo”[1]. Con lo cual el Estado, se irroga la tarea de “moldear” la sexualidad de los niños, supuestamente para mejores fines. Desde la perspectiva que le da el currículo, la sexualidad deja de ser ese aspecto incuestionable de nuestra realidad, y se convierte en algo externo, que puede ser construido al gusto de cada uno, se convierte en una construcción de la propia libertad, pero una libertad que no respeta el límite que generan las libertades concurrentes.

Son padres de familia que no entienden la razón de que se introduzcan términos tan confusos como “género”, “construcción de la identidad”, “identidad sexual”, “identidad de género”, “orientación sexual” (que ni el adulto promedio, ni los profesores, logran entender adecuadamente), en un instrumento cuyo único objetivo es “establecer los aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica”[2] y en el que se presentan como principales competencias de egreso el “manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, (…) formación integral (…) aprendizajes vinculados al arte y la cultura y la educación física para la salud”.

Son padres cuyo legítimo derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos (Art. 13° CPP) los lleva a manifestar su desacuerdo cuando se pretende imponer un tipo de educación que propone desvincular la identidad personal de cada niño, de su identidad sexual o biológica. Que pretende “normalizar” conductas y orientaciones sexuales, relativamente infrecuentes, con la premisa de evitar la intolerancia, la violencia o el bullying entre los niños. Son padres que se preguntan si acaso el Estado, por su interés de proteger a las minorías, llega a imponer una agenda específica a las mayorías, equivocando el camino, porque el respeto y la tolerancia no se logran con imposiciones.

Son padres que, en cumplimiento del deber de educar a sus hijos (Art. 13° CPP), se oponen a que el Estado bajo una anunciada “búsqueda de la igualdad” (querida por todos), pretenda anular las diferencias entre hombres y mujeres –que enriquecen la sociedad– convirtiéndolas en datos irrelevantes o incluso discriminatorios (pues se llegará el día en que no se les permita vestir a sus niñas de rosa, por ser una manifestación machista, como ya se está haciendo con el uso del lenguaje).

Son padres que tienen el legítimo derecho de elegir la educación que prefieren para sus hijos (CIDN) y por ello, tienen la facultad de exigir que el Estado no les imponga una educación que, cuando menos, entra en conflicto con los valores y bienes que ellos buscan para sus hijos y su familia.

El Estado no debe olvidar que respecto a la educación, cumple un rol subsidiario, y que su papel es colaborar en la formación de aquellos aspectos que los padres de familia no pueden cubrir. El Estado no debe olvidar que, hay un límite entre aquello que se encuentra obligado a brindar en el tema educativo, y aquello que los padres deciden si es conveniente o no para sus hijos, de acuerdo a sus valores, creencias y bienes.

Queda claro que los padres de familia y Estado tiene un fin común: lograr el mayor bienestar para los niños. Ese tendría que ser el punto de partida para el diálogo.

Cuando se deje de menoscabar la posición de los padres de familia, cuando se entienda que sus demandas son legítimas, cuando el Estado entienda sus límites en el proceso educativo, recién estaremos hablando de igualdad, respeto y tolerancia.

[1] Guía de Educación Sexual Integral para secundaria

[2] Currículo Nacional de Educación, p. 4

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