Las principales organizaciones pro-vida y basadas en la fe están pidiendo a miembros del Congreso apoyar una nueva legislación que proporciones a los prestadores de servicios de salud, quienes conscientemente se opongan a los abortos, el derecho a no participar en el procedimiento de destruir la vida.

El proyecto de ley, el Acto de Protección Consciente, fue presentado en el Congreso el año pasado y pasó a la Casa de Representantes de USA pero no fue votada en el Senado. Miembros principales pro-vida están tratando nuevamente.

La medida también protege a compañías aseguradoras en salud que se opongan al aborto y que no cubrirían el proceso. California es un ejemplo de estado que actualmente obliga a las compañías aseguradoras de salud y grupos basados en la fe a cumplir con la cobertura del aborto electivo, sin excepción que se base en oposición religiosa. La oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos declaró que las organizaciones basadas en la fe en California están obligadas a proveer cobertura de aborto.

Por ello, grupos de fe y pro-vida quieren que el Congreso tome medidas. La Conferencia de los Estados Unidos de Obispos Católicos ha respaldado la legislación, así como la Convención de Ética Bautista del Sur y la Comisión de Libertas Religiosa.

La Conferencia de los Estados Unidos de Obispos Católicos envió una letra al Congreso pidiendo pasar el Acto de Protección Consciente de 2017.

En la carta, el Cardenal de Nueva York Timothy Dolan, Presidente del Comité USCCB en Actividades Pro-vida, y el Arzobispo William Lori, Presidente del Comité Ad Hoc del USBBC en Libertad Religiosa, escribieron que el Acto de Protección Consciente del 2017 es una «legislación esencial» que protegería los derechos fundamentales de los proveedores de cuidado en salud.

 

«No cabe duda de la necesidad de aclarar la ley federal», la carta establece:

Mientras existan leyes federales que ya protejan la objeción consciente al aborto en teoría, esta protección no ha probado ser efectiva en la práctica. Estas leyes sólo pueden ser aplicadas mediante una denuncia a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el cual -a pesar de repetidas violaciones- se ha negado a implementar por completo estas leyes.

La carta además afirma que la legislación «aseguraría que aquellos que proveen el tan necesitado cuidado de la salud y la cobertura del mismo pueden continuar haciéndolo sin ser obligados por el gobierno a colaborar en la destrucción de un niño no nacido inocente.»

Travis Wussow, el Vice Presidente del Consejo General y de Políticas Públicas en el ERLC le dijo a TheBlaze que la organización además apoya el proyecto de ley.

Wussow dijo que cuando los profesionales médicos hicieron denuncias sobre ser forzados a participar en abortos, la administración de Obama no hizo cumplir la ley existente. Él añadió que a pesar de que el pro-vida Tom Price haya sido confirmado como el secretario de Salud y Servicios Humanos, «no hay garantía de que tengamos [siempre] fuerzas pro-vida ocupando la Casa Blanca o incluso el HHS».

«Lo que este proyecto de ley hace es proveer una vía para la gente del día a día que es afectada por los estados que se rehúsan a seguir la ley federal para llevar sus casos a la corte y dejar que las cortes lo resuelvan», afirmó.

«Este proyecto de ley es necesario para darle a los prestadores de salud el derecho de dar el cuidado médico sin violar sus creencias más profundas», dijo el Senador de Oklahoma U.S. James Lankford, quien co-patrocina el proyecto de ley.

«La consciencia es el espacio sagrado de la dignidad humana donde las personas ejercen sus creencias sinceras y razonadas», Jeff Fortenberry Senador de Nebraska U.S., otro co-patrocinador del proyecto de ley, comentó al Catholic Daily News. «Es una verdadera miseria que este más preciado principio americano esté bajo amenaza, violando el bien de personas y comunidades».

Ha habido casos aislados de enfermeras siendo coactadas a participar en abortos contra su voluntad en los Estados Unidos.

Un incidente ocurrió en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York involucrando a la enfermera Catherina Cenzon-DeCarlo, de Brooklyn. El New York Post reportó:

«Los jefes le dijeron a la sollozante Cenzon-DeCarlo, que la paciente tenía 22 semanas de embarazo y tenía preclampsia, una condición marcada por la alta presión arterial que puede conllevar a convulsiones y muerte si no se trata.

El supervisor «alegó que la madre podría morir si [Cenzon-DeCarlo] no asistía el aborto [tardío].

Pero la enfermera, sobrina de un obispo Filipino, sostiene que la vida de la paciente no estaba en peligro. Ella argumenta que la paciente ni siquiera estaba en terapia de magnesio, un tratamiento común para la preclampsia, y no tenía problemas que indicaran una emergencia.

Su súplica fue rechazada, y al contrario ella fue amenazada con cargos de insubordinación y abandono de paciente que terminarían con su carrera, de acuerdo a la demanda hecha el martes en la Corte Federal de Brooklyn.

Sintiéndose amenazada, Cenzon-De Carlo asistió en el procedimiento.»

«Me sentí violentada y traicionada», Cenzon-DeCarlo comentó, además reflejado en las pesadillas y el insomnio que tuvo luego de participar en el procedimiento. «No podía creer que esto pudiera haber pasado.»

Una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos, iniciada en respuesta al caso de Cenzon-DeCarlo, reveló que el Hospital Monte Sinaí necesitaría cambiar sus políticas y procedimientos para acomodar a los profesionales de la salud que se oponen al aborto, el Catholic Daily News continuó.

En el reporte del New York Post, Cenzon-DeCarlo afirmó: «Yo migré a este país creyendo que aquí la libertad religiosa es sagrada. Los doctores y las enfermeras no deberían ser forzadas a abandonar sus creencias y participar en abortos con la finalidad de mantener sus puestos de trabajo.»

Fuente: http://www.lifenews.com/2017/02/15/congressional-bill-would-protect-doctors-and-nurses-who-refuse-to-assist-abortions/

 

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