El proyecto de aborto –denominado eufemísticamente como “interrupción del embarazo en tres causales”- se encuentra temporalmente fuera de la primera línea de la discusión pero avanza a paso consistente en la comisión de Constitución del Senado. Se espera que los primeros días de enero se encuentre en la Sala de la Cámara alta para su votación en general.

De la discusión en la comisión se ha despejado –enhorabuena- un tema esencial. El proyecto no busca solucionar ningún problema de salud pública (basta mirar la causal de tercera, de violación). En efecto, La muerte por aborto provocado es un fenómeno excepcional en términos epidemiológicos (riesgo de 1 en 4 millones de mujeres en edad fértil). Además, luego de la ley de 1989 –que reformó el código sanitario derogándose el aborto terapéutico-, las muertes por aborto continuaron disminuyendo, desde 10,8 hasta 0,39 por 10.000 nacidos vivos, lo cual “como materia de hecho científico, desafía la noción que una legislación menos permisiva conduce a una mayor mortalidad por aborto”. (Elard Koch, 2014, Revista Chilena de Medicina Obstetricia). No hay ninguna necesidad de salud pública. La tesis que en Chile existen abortos a diestra y siniestra en clínicas “cuicas” quedó sin sustento y le costó a la ex Ministra Helia Molina la renuncia a su cargo.

Todas las organizaciones pro aborto que han sido recibidas en el Congreso fundan sus peticiones en el supuesto enfoque de derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. De ahí que las organizaciones buscan ampararse en lo que se ha denominado el Derecho Internacional de los DD.HH. para fundamentar la necesidad jurídica de este proyecto.

Con todo, el proyecto de ley, tal como está ¿superaría los estándares del tribunal constitucional? Creemos con buenos fundamentos que no. Revisemos.

El Tribunal Constitucional ha sentado una férrea jurisprudencia en el sentido que la persona es sujeto de protección constitucional desde el momento de la concepción. En la sentencia Rol 740-2007, la principal magistratura constitucional señaló que “La singularidad que posee el embrión, desde la concepción, permite observarlo ya como un ser único e irrepetible que se hace acreedor, desde ese mismo momento, a la protección del derecho y que no podría simplemente ser subsumido en otra entidad, ni menos manipulado, sin afectar la dignidad sustancial de la que ya goza en cuanto persona”. En la sentencia Rol 220-1995, el tribunal dijo que “La CPR regula la vida desde antes del nacimiento y durante la existencia de la persona, la que termina con su muerte natural”.

¿Qué quiere decirnos el TC con esto? Que a pesar que la ideología del aborto nos quiere insistir que el producto de la concepción no es un ser humano distinto de la madre que tiene dignidad intrínseca y derechos propios, y que no es exigibile moralmente que la madre “soporte” dicho embarazo no deseado por 9 meses, el Tribunal Constitucional ya sentó jurisprudencia que va en el sentido justamente inverso.

La Constitución chilena establece que la ley protege la vida del que está por nacer. En este sentido el mandato constitucional al legislador es claro: es de protección. “Proteger”, de acuerdo al sentido natural y obvio de la expresión, es definido en la Real Academia Española como “resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándolo” y como “amparar, favorecer, defender a alguien o algo.” Se preguntará usted cómo es conciliable esa expresión con las acciones que tienen por objeto actuar directamente sobre el feto para evitar que el producto de la concepción llegue a la vida extra uterina, máxime cuando el TC ha dicho que “la doctrina constitucional chilena se ha inclinado mayoritariamente por sostener, a diferencia de lo sustentado por profesores de otras disciplinas del derecho, que la protección constitucional de la persona se inicia desde el momento mismo de la concepción” (Sentencia ROL 740-2007).

De esa manera, la ambigüedad de la causal 1 –“riesgo para la vida de la madre”-, en cuanto no distingue si la acción es a favor de salvar la vida de la madre –donde la interrupción del embarazo resulta como una consecuencia no querida-, o si la acción es directamente realizada sobre el feto, sería inconstitucional. Lo mismo con las causales 2 y 3, las cuales no son de salud pública sino que buscan interrumpir el embarazo actuando directamente contra el producto de la concepción.

Pero además el proyecto es discriminatorio pues establece categorías de personas para establecer la protección constitucional. Esto especialmente evidente en el caso de las causales 2 y 3 –inviabilidad fetal y violación-. Que el legislador determine que un feto no es merecedor de protección constitucional porque no es viable o porque fue concebido en el marco de una relación reprochablemente violenta, es introducir una diferenciación que atenta contra la igualdad esencial entre las personas que son titulares de la protección constitucional y sobre esencia de la vida del que está por nacer. Esto atenta flagrantemente contra la garantía de las garantías (artículo 19 Nº 26) pues impide el libre ejercicio del derecho que la ley intenta regular. Si usted fue concebido bajo violación, no merece protección constitucional. Arbitrario y absurdo.

La jurisprudencia del TC es clara. Esperamos que de prosperar el proyecto los parlamentarios que crean que este proyecto atenta contra la vida recurran al Tribunal Constitucional para invocar la protección que la carta fundamental da a todas las personas. Esperamos también que el Tribunal Constitucional haga valer su jurisprudencia y que se devele de una vez por todas que este es un proyecto no de orden sanitario sino de orden moral.

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