James Gottry es abogado y escritor en la Alliance Defending Freedom, un grupo cristiano de abogados y expertos en Derecho fundado en 1994 para preservar y defender la libertad religiosa. Recientemente escribió un artículo en The Public Discourse donde plantea una estrategia radical ante el avance de la ideología de género. “No es el momento”, sostiene, “para que los defensores de la libertad religiosa se asocien a los defensores de la legislación de la orientación sexual y la identidad de género con la esperanza de poder recoger las migajas de libertad que quedan sobre la mesa”. Por su interés lo traducimos en su integridad:

Las leyes sobre orientación sexual e identidad de género: una respuesta subversiva a un problema inexistente

El “precio de la ciudadanía” en una sociedad libre no puede incluir nunca nuestra libertad de conciencia. Si la sometemos, estaremos sometiendo también a la sociedad libre.


James Gottry advierte contra las estrategias de pactar la obtención de migajas: los enemigos de la libertad de conciencia van a por todas.

A lo largo de la historia cada persona, bajo cada régimen político, ha tenido -en su significado más elemental- la libertad de formar una serie única de credos y valores. A los ciudadanos de los Estados Unidos se les garantizó hace tiempo, de una manera excepcional, el cumplimiento de esa libertad. Es decir, poseemos la libertad de vivir pacíficamente según nuestras creencias y de seguir los dictados de nuestra conciencia.

Las leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género
Esta libertad -codificada en la Primera Enmienda- es un derecho pre-político inherente a nuestra dignidad como seres humanos. Pero el movimiento cultural para la “tolerancia” y la “inclusión” ha reducido la libertad de conciencia a algo inferior al derecho; algo cuya existencia está sometida a las decisiones de los jueces y los legisladores.

En los últimos años han surgido en todo el país leyes que proporcionan privilegios especiales a personas individuales según su autoproclamada identidad de género o preferencias sexuales. Conocidas comúnmente como leyes SOGI [según sus siglas en inglés, Sexual Orientation and Gender Identity], estos proyectos legislativos están alimentados habitualmente por grupos activistas y representan una respuesta subversiva a un problema inexistente. Los datos disponibles confirman que no existe un patrón o una práctica social significativa de discriminación injusta hacia estos grupos. Esto es debido no sólo a que la gran mayoría de los americanos se respeta y es justa, sino también al hecho de que cualquiera que esté implicado en una discriminación infundada se enfrenta a unas consecuencias sociales y económicas provocadas por la presión pública y los boicots.

Las leyes SOGI utilizan todo el peso de la ley para castigar a personas que quieren vivir pacíficamente y llevar adelante sus trabajos según les dicta su conciencia. Elaine Huguenin, Barronelle Stutzman, Jack Phillips y Blaine Adamson son sólo algunos de los propietarios de pequeños comercios que prestan sus servicios con alegría a todo tipo de personas, pero que se enfrentan a penas legales por haberse negado a participar en algunos eventos o a poner su arte al servicio de clientes por problemas de conciencia.

En el caso de Elaine, ésta declinó educadamente una petición para usar su habilidad como fotógrafa para narrar la historia de una ceremonia de compromiso de una pareja del mismo sexo. Su intento de permanecer pacíficamente fiel a la enseñanza de su fe sobre el matrimonio la llevó a una batalla legal que ha durado siete años y que ha culminado con el fallo del Tribunal Supremo de Nuevo México contra ella y su marido, Jon. Un juez declaró que el matrimonio Huguenin “está ahora obligado por ley a comprometer la fe religiosa que ha inspirado sus vidas”, añadiendo que esta obligación “es el precio de la ciudadanía”.

Elaine Huguenin y su esposo, fotógrafos perseguidos por no querer hacer fotos contrarias a su conciencia.

Barronelle Stutzman es una abuela de 72 años que se enfrenta a la pérdida de su negocio, ahorros y casa por remitir a un amigo y cliente de muchos años a otras floristerías cuando éste le pidió que proyectara los arreglos florales para la celebración de su matrimonio con su pareja del mismo sexo.

Barronelle Stutzman, florista perseguida por no querer adornar con flores eventos contrarios a su forma de pensar.

En Iowa y Massachusetts no sólo los ciudadanos religiosos están siendo atacados; también las iglesias lo están. Desde hace algún tiempo éstas se enfrentan a ordenes impuestas por el gobierno con el fin de obligarlas a facilitar el acceso a sus baños a las personas según el sexo que éstas determinen subjetivamente, y no sobre su sexo biológico real.

La rendición con condiciones hace fracasar el avance de la libertad religiosa
Con todo esto no es extraño que en 2016 las asambleas legislativas de Arizona, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Nebraska y otros nueve estados rechazaran estas leyes que aplastan la libertad. De hecho, aparte de la ley SOGI promulgada en el estado de Utah en 2015, han pasado cinco años desde que entrara en vigor una ley SOGI a nivel estatal. En los últimos años los ciudadanos de muchas ciudades han votado rechazando dichas leyes tras ver sus perniciosos efectos. Ante este contexto, es evidente que las leyes SOGI no son inevitables y tampoco son deseables. También está claro (o debería estarlo) que quienes valoran la libertad para todos deben oponerse con fuerza a las leyes SOGI.

Lo que sucede, en cambio, es que algunos conservadores sugieren que las leyes SOGI son inevitables y que, vista la tendencia cultural, pueden incluso ser necesarias para amparar de algún modo la libertad religiosa. Proponen una estrategia de “compromiso”, es decir, una estrategia que implique redactar y defender proactivamente las leyes SOGI, algo que ya sucedió en el estado de Utah. El daño de adoptar una ley SOGI, afirman, podría mitigarse por la inclusión de “una firme protección de la libertad religiosa”.

Jack Phillips, pastelero perseguido por no respaldar con sus pasteles ceremonias que van contra sus convicciones.

Está lógica falla a varios niveles. Primero, en los últimos dos años, más de setenta proyectos distintos de ley SOGI han fracasado porque los legisladores reconocen, cada vez más, el daño real que estas leyes plantean a la privacidad, la dignidad y la libertad religiosa de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el 80% de los americanos cree que todo individuo debe ser amparado en lo que concierne a su libertad religiosa. Por lo tanto, parece que todo fracaso en obtener una sólida protección de la libertad religiosa y la libertad de conciencia -y qué duda cabe de que estos fracasos son reales- es el resultado no de un sociedad unida contra esta libertad, sino de un fracaso en comunicar de manera eficaz cómo las leyes SOGI restringen estas libertades. Por lo tanto la solución no está en abandonar el principio, sino en articularlo de manera clara y persuasiva.

Segundo, no sólo las leyes SOGI ocasionan los daños descritos más arriba en este artículo, sino que no amparan de manera coherente la libertad religiosa y, menos aún, la amparan de una manera que pudiese ni remotamente describirse como “firme y sólida”.

Tomemos el caso del estado de Utah, en el que la nueva ley implícitamente autoriza al gobierno a castigar a profesionales autorizados como los consejeros y abogados. O el de Indiana, donde los proyectos de ley SOGI SB 100 y SB 344 afirman que están exentas de su alcance “determinadas categorías limitadas de personas e instituciones -clero, templo, ONG religiosas y pequeños negocios con no más de tres (SB 100) o cinco (SB 344) empleados“. Esta supuesta protección a la libertad religiosa simplemente reitera lo que establece la Primera Enmienda en relación a la protección de las entidades religiosas y los comercios más pequeños. Una rendición voluntaria de una libertad fundamental difícilmente se puede considerar un modelo adecuado a seguir. Incluso los pocos que son bendecidos con una pizca de libertad intacta están obligados a reconocer su débil posición, sobre todo cuando el simple hecho de contratar a otro empleado es lo que marca la diferencia entre el derecho inalienable de la persona y la completa erradicación de este mismo derecho por parte del gobierno.

La exención religiosa no satisface a los activistas LGBT
Los activistas LGBT no están más satisfechos de estas propuestas de lo que lo están los defensores de la diversidad real, la libertad y la conciencia. Cuando Indiana introdujo este año una ley similar a la ley SOGI de Utah, la directora de proyectos políticos y legales de Lambda, Jennifer Pizer, describió el proyecto de ley como “un lobo con piel de cordero” y argumentó que su “objetivo es garantizar el derecho… a discriminar” y que esta ley proporciona “menos protección a las personas LGBT”. La Campaña de Derechos Humanos declaró que la ley de Indiana era “profundamente defectuosa” y “peligrosa”. En Idaho, la Campaña de Derechos Humanos y otros presionaron para avanzar una propuesta de ley SOGI “en solidaridad con nuestros compañeros de ACLU, Pride Foundation, Planned Parenthood, ADD the Words, The Center y muchos otros”. Y en Michigan, Progress Michigan declaró que su proyecto de ley al estilo de Utah “apoya el uso de la religión para discriminar, lo que obstaculiza a la comunidad LGBT en su lucha por conseguir los mismos derechos”.

Blaine Adamson, propietario de una empresa de impresión de camisetas, perseguido por no querer imprimir mensajes contrarios a sus convicciones.

Es ingenuo pensar que estas leyes aplacarán a los defensores LGBT más de lo que las convivencias domésticas o uniones civiles pueden satisfacer a los defensores del matrimonio homosexual. Esta legislación al estilo de Utah no ofrece una protección sólida de las libertades de la Primera Enmienda y, en cambio, da seguridad a los objetivos de HRC, ACLU y otros grupos de presión similares. Además, tras la aprobación de la ley de Utah, cualquier manifestación de celebración por el “éxito” de esta escasa (e insuficiente) protección de la libertad religiosa y la libertad de conciencia fue acallada por el clamor de los activistas LGBT, que pedían la eliminación de esta protección en futuros proyectos de ley de otros estados, incluyendo la protección de aspectos tan fundamentales como permitir a las instituciones religiosas que adopten y refuercen políticas que reflejen los principios básicos de su fe en cuestiones relacionadas con el matrimonio y la sexualidad humana. De hecho, un año después de la firma de la ley SOGI de Utah por parte del gobernador del estado se introdujo una ley que aplica la ley estatal SOGI a todos los lugares públicos, eliminando así uno de los últimos vestigios de libertad que aún no habían sido tocados por la ley. Después de todo, como argumentan rutinariamente los activistas, si las personas LGBT son una clase que por ley tiene protección especial, ¿por qué debe haber excepciones?

Las analogías con las estrategias provida fracasan
Sin embargo, otros han intentado justificar una política de rendición condicional aludiendo a las decisiones estratégicas del movimiento provida. Este argumento es erróneo por al menos dos razones.

La primera es porque el movimiento para aprobar leyes que protejan de verdad la libertad de conciencia imita, en vez de ignorar, los primeros éxitos del movimiento provida. Parafraseando el análisis de Ryan Anderson sobre la sentencia Roe vs.Wade, [la sentencia] Obergefell creó el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero también el derecho a no realizar un matrimonio entre personas del mismo sexo, o a no participar en él. Obergefell no elimina la historia de nuestra nación en lo que respecta al reconocimiento y la protección de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. No debemos abandonar voluntariamente estas libertades fundacionales a causa de momentos imprudentes de pánico o derrotismo. En cambio, debemos centrar nuestros esfuerzos en leyes sólidas que fortalezcan y no malvendan la libertad.

El argumento acerca del movimiento provida fracasa también en su reconocimiento de distinciones contextuales clave. En los años posteriores a Roe vs. Wade, el movimiento provida se encontró en una posición de derrota casi total sobre la cuestión de las restricciones al aborto. Los defensores provida no buscaban minimizar las pérdidas potenciales; buscaban recuperar el terreno que habían perdido. Por lo tanto, cualquier paso que se hiciera hacia adelante era una victoria. Nadie sugirió adoptar un proyecto de ley que legalizara el aborto durante los nueve meses de embarazo y, al mismo tiempo, definiera un amparo constitucional ya existente para un pequeño y escogido grupo de individuos.

En el actual punto muerto cultural, los defensores de la libertad religiosa y la libertad de conciencia se enfrentan, simultáneamente, a oportunidades de victoria y de derrota. Podemos elegir entre bajar a la arena y luchar valientemente por la victoria, o  unirnos a “esos espíritus fríos y tímidos que no conocen ni la victoria ni la derrota” y negociar los términos de nuestra propia rendición. No debemos unirnos a quienes defienden las leyes SOGI con la esperanza de obtener las migajas de libertad que quedan sobre la mesa. La libertad de conciencia no es una prenda que debe entregarse como precio de la ciudadanía en una sociedad libre: es el símbolo de la ciudadanía y el fruto de una sociedad libre.

Traducción de Helena Faccia Serrano

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