La Plataforma por las Libertades ha presentado este martes su Manifiesto para denunciar la vulneración de derechos por parte de las leyes autonómicas LGTB que, señalan, rompen con la igualdad de todos los españoles garantizada en la Constitución Española. Un acto presidido por el ex europarlamentario Jaime Mayor Oreja, la representante de VOX Rocío Monasterio y la exdiputada del PP Lourdes Méndez.  

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De izquierda a derecha, Rocío Monasterio (VOX), Jaime Mayor Oreja (Fundación Valores y Sociedad) y Lourdes Méndez (Asociación Familia y Dignidad Humana)

La exdiputada del Partido Popular y portavoz de la Plataforma Lourdes Méndez, ha explicado este martes que la “libertad en España se encuentra amenazada” y ha denunciado que “bajo el pretexto de perseguir la discriminación por razón de orientación sexual, o de combatir la “LGTBIfobia”, diversas Comunidades Autónomas están aprobando leyes totalitarias que, lejos de promover la igualdad y no discriminación, tratan de imponer una ideología implacable y anticientífica, atentando a su vez contra la libertad de padres, educadores, periodistas, profesionales de la sanidad, y contra las libertades de todos los españoles”.

La también presidente de la Asociación Familia y Dignidad Humana ha explicado que esta plataforma aglutina a asociaciones de toda índole, desde educativas hasta científicas, jurídicas o de víctimas de la ideología de género, de diferentes confeesiones, creyentes y no creyentes, que quieren defenderse de una ideología “implacable y anticientífica” que limita derechos como la libertad de expresión. Unas leyes que suponen “un atropello político desconocido hasta ahora y fruto de la presión de los lobbies”.

En este sentido, y preguntada por el hecho de que partidos como el PP -tradicionalmente defensores de los valores tradicionales- hayan claudicado a la aprobación de estas leyes totalitarias, la exdiputada ha señalado que todos los gobernantes, de uno y otro signo, se han plegado a las consignas de los grupos de presión LGTB.

Por eso, y porque el recurso presentado por las asociaciones que integran la Plataforma ante el Defensor del Pueblo fue ignorado, la batalla continúa ahora desde la sociedad civil: “Esta plataforma nace como reacción a ese atropello político, cometido de espaldas a los ciudadanos y fruto de la presión de lobbies que pretenden arrogarse la representación exclusiva de las personas con inclinación homosexual”, explican.

¿A quién desprotege?

Durante la presentación del Manifiesto, la Plataforma por las Libertades señala que estas nuevas leyes ideológicas desprotegen, además de a los niños en las aulas (víctimas del adoctrinamiento LGTB), a científicos que ven coartada “la investigación y la verdad científica pudiendo ser sancionados si el resultado de las mismas y su difusión contradice lo que afirma la ideología de género”. También a los profesionales de la Sanidad, que defienden el “derecho a la autonomía del paciente y a la libertad individual ante leyes que prohíben someterse a una terapia de reorientación de la inclinación sexual” aun cuando es tal la voluntad de la persona que solicita la terapia. Los profesionales de la Información, explican desde la Plataforma, también pueden ser víctimas de estas leyes que “impiden que se pueda opinar en libertad, bajo pena de sanción y obligan a los medios de comunicación a incluir en sus programaciones contenidos que difundan la ideología de género”.

“La homosexualidad no puede convertirse en un dogma de Estado, un tabú sobre el que no quepa la discusión pública, una excepción a la prohibición de la censura establecida por el art. 20.2 de la Constitución. Sobre la sexualidad se puede y se debe opinar, con respeto y sin imposición, en libertad. Algo elemental que rechazan estas Leyes”, concluye la Plataforma.

Respecto a los niños, las asociaciones firmantes recuerdan que son los padres los que tienen el derecho a educar a sus hijos según sus convicciones morales y denuncian que estas leyes “atentan de forma clara contra la libertad de educación de los padres, ya que obligan a todos los colegios a impartir las doctrinas del lobby LGTBI. La competencia del Estado en la formación de los alumnos en valores y virtudes cívicas es incuestionable. Pero el Estado no tiene derecho a abusar de su responsabilidad educativa inculcando una determinada concepción del mundo, de la persona y de la sexualidad, y privando así a los padres del derecho a transmitir a sus hijos sus propias concepciones”, señala.

Derogación

Desde Plataforma por las Libertades se insta a la derogación de estas “leyes totalitarias” y se anuncia una larga batalla: “Emplearemos todos los recursos que nos da el Estado de Derecho en defensa de las libertades y de los principios constitucionales, para lo cual nos acogeremos a la objeción de conciencia cuando ello sea preciso y recurriremos a las acciones democráticas a las que, como ciudadanos tenemos derecho”.

Puede unirse a la Plataforma por las Libertades desde este enlace: Plataforma por las Libertades

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