La doctora María Inés Franck, en representación del Centro de Bioética, Persona y Familia, ha expuesto en la reunión informativa de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación una serie de motivos por los que el aborto no debe despenalizarse en Chile.

Franck explica porque se opone tajantemente al aborto, después de haber revisado los tres proyectos de ley que se están comenzado a tratar en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los motivos son éstos:

  1. Los tres proyectos presentan una invisibilización de la persona por nacer y efectivamente ninguno la menciona a pesar de tener protección jurídica y estar presente en múltiples normas de todas las jerarquías, desde constitucionales hasta reglamentarias.
  2. En todos ellos se presenta un interrogante sobre la consideración de la vida humana enferma y por lo tanto, en los no nacidos con malformaciones. Se trata de una discriminación contraria a la adoptada en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad por las Naciones Unidas en 2006, la cual reclama a los Estados el respeto al “derecho inherente a la vida de todos los seres humanos”.
  3. Estos tres proyectos suponen una apertura total al aborto en cualquier caso, en cualquier momento y sin ningún requisito. Según el proyecto al que se acojan, el aborto será viable hasta las 12 o 14 semanas, pero de manera implícita se entiende que podrá darse en cualquier etapa del embarazo, dada la ambigua redacción de las causas que lo permiten hasta el último momento de la gestación.
  4. Se da por descontado que el aborto reducirá la mortalidad materna cuando según las experiencias de los países en los que está legalizado, el aborto no es una premisa para ello. Más bien lo son las políticas de protección integral a la mujer embarazada.
  5. En este sentido, los proyectos atacan con fuerza cualquier visión del tema que se aproxime a “consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte de los agentes de salud”.
  6. En los proyectos se ignoran las convicciones de los médicos y de las autoridades de los establecimientos de salud, a pesar de que la objeción de conciencia constituye un derecho humano básico reconocido al más alto nivel constitucional e internacional.
  7. La propuesta legislativa debería hacer hincapié en la posibilidad de evitar toda discriminación, intentando salvar y promover tanto la vida de la mujer como la de la persona por nacer, evitando lo más posible la disyuntiva exclusiva entre una y otra vida.
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