ANÁLISIS – Galicia, Islas Baleares y Valencia son tres comunidades que han abierto camino hacia la imposición de la ideología de género en el ámbito regional. Posiblemente se estén abriendo nuevas estrategias para aprobar una ley nacional a favor de esta concepción de la sexualidad deshumanizante. Os traemos los datos más interesantes de tres regiones en España sobre su promoción a ultranza del homosexualismo.

El parlamento de las Islas Baleares ataca la presunción de inocencia, la escuela y los medios de comunicación

En las Islas Baleares nos encontramos con una legislación regional que sirve solo a los intereses y creencias del lobby LGTB. Las medidas más polémicas son las siguientes:

  1. Inversión de la carga de prueba, como en muchas otras comunidades. Un “LGTBfobo” tiene que demostrar su inocencia para que no le procesen judicialmente.
  2. Multas de hasta 90.000 euros
  3. Imposición de la adhesión a la ideología de género en aulas y medios de comunicación.

La ley es del pasado mayo y ha sido aprobada con los votos de Partido Popular, Partido Socialista, MÉS, Ciudadanos y Podemos. Para los partidos políticos de esta región la sexualidad que propone la ideología de género parece ser la única concepción que debe estar permitida por la ley. La nueva ley obliga a hacer visible la mal-llamada “diversidad sexual” y penaliza a aquellas personas e instituciones que no comparten la ideología de género.

El Parlamento Mallorquín ha aprobado la ley pro-LGTB con el apoyo de PP y Podemos
El Parlamento Mallorquín ha aprobado la ley pro-LGTB con el apoyo de PP y Podemos

En caso de denuncia, será el acusado quien tendrá que demostrar de forma probada que no ha cometido la conducta discriminatoria de la que se le acusa. Esta medida, llamada “inversión de carga de prueba” se utiliza en los casos en los que la persona que sufre discriminación está en tal situación de indefensión frente al agresor que al segundo hay que hacerle una merma de sus derechos en pro de la justicia. Es una buena medida para casos límite. Cualquier persona veraz entiende que si hay una agresión a una persona por el mero hecho de ser homosexual, se está cometiendo una injusticia. Pero es una injusticia no por el hecho de ser homosexual sino por el hecho de ser persona, merecedora de un trato digno. No defendemos las agresiones a las prostitutas porque lo sean, sino porque todas las personas merecen ser protegidas de un trato inhumano.

La nueva normativa recoge una serie de sanciones que se impondrán a los acusados de “discriminar” o “atentar contra los derechos” de homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales. Las faltas leves tales como utilizar expresiones vejatorias por razón de orientación sexual o identidad de género serán sancionadas con una multa de hasta 3.000 euros. Las infracciones graves tendrán como sanción una multa que podrá alcanzar los 30.000 euros, la retirada de ayudas y subvenciones públicas y la inhabilitación temporal. Si la infracción es considerada muy grave, la cuantía de la multa podría ascender hasta los 90.000 euros.

Los centros escolares tendrán que evitar la discriminación sexual o de género. La nueva normativa señala que “los materiales escolares y educativos deberán tener en cuenta la diversidad en relación a la orientación sexual y la identidad de género”.

Por ultimo, el Consejo Audiovisual de las Islas Baleares vigilará que la programación de los medios de comunicación “no vulneren los principios” de la ideología de género. Se abre por tanto la discriminación hacia los medios que defiendan modelos opuestos de concepción de la sexualidad, como el de la Iglesia Católica. Todo esto va a suponer, de hecho y de derecho, el adoctrinamiento sobre el lenguaje y el tratamiento de las imágenes en aquellas informaciones que guarden relación con la sexualidad. El objeto es transformar la visión negativa de la ideología de género en positiva y favorable.

Ley de las Islas Baleares: Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia

El Parlamento Valenciano frente a la libertad de los católicos a elegir la educación de sus hijos

Mónica Oltra es la cerebro de esta trama "de género" que cuenta con todo el apoyo del PSOE
Mónica Oltra es el cerebro de esta trama “de género” que cuenta con todo el apoyo del PSOE

El cardenal Antonio Cañizares ha sido el personaje público que más ha atraído el interés de los medios de comunicación por su lucha contra la ideología de género en Valencia. Sin embargo, esta estrategia para lapidar al obispo de Valencia ha sido posiblemente un modo de llevar la discusión sobre la imposición de la ideología de género a los colegios valencianos en los que la legitimidad de la lucha de los padres católicos contra la ideología de género queda fuera de toda discusión. De las declaraciones del citado cardenal, han sido muy destacadas las que aseguraban que la ideología de género es la “más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia”.

El revuelo ha apartado la mirada del enorme problema que está generando el proyecto de ley LGTB de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, con los centros concertados. El modelo de los conciertos, aquel invento de Felipe González y otros para mantener tranquilos a los católicos en guetos educativos empieza a resquebrajarse. Intentan armonizar la contradicción constitucional entre el derecho a la libertad de enseñanza y la tutela del estado en el sistema educativo nacional. Pero no podemos olvidar que el concierto, de hecho, nació para anular la relevancia pública de las voces no progresistas en la enseñanza, mediante la concesión de pequeñas cuotas de poder. Ahora, 30 años después, el artículo 22 del proyecto pro-LGTB de Valencia señala, en concreto, que «la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para velar por que los contenidos educativos promuevan el respeto y la protección del derecho a la identidad de género, expresión de género, diversidad sexual y familiar en cualquiera de sus aspectos, garantizando de esta manera una escuela inclusiva y de igualdad en el ámbito de la enseñanza pública, concertada y privada».

Esta legislación colisiona con el principio de autonomía de los centros de titularidad privada (pues también lo son los concertados, a pesar de estar sostenidos por fondos públicos). Estos colegios, por tanto, tienen libertad para fijar su proyecto educativo «en coherencia con el correspondiente ideario»: esta es una de las principales objeciones del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que cuestiona la aplicación de la llamada ley de Transexualidad de Oltra en los centros concertados y privados. Para la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), se pretende «adoctrinar en asuntos referentes a la afectividad y la sexualidad, imponiendo los criterios de la ideología de género a toda la sociedad», además de que «dicha ideología, por su propio carácter, carece de fundamentos sólidos en la ciencia y la antropología».

La Comunidad Valenciana está ya muy cerca de tener su propia ley pues ha aprobado ya el anteproyecto que le colocaría en el grupo de cabeza en este tipo de normativas. El proyecto contiene cosas tan aberrantes como que los menores puedan cambiar de sexo sin el permiso paterno. Pero además realiza un ataque frontal al derecho de los padres a educar a sus hijos. Prevé importantes multas a quien se enfrente a los postulados LGTBI así como la retirada del concierto a los colegios que no incluyan en los currículos contenidos sobre identidad de género.

Proyecto de Ley de la Comunidad Valenciana: La ley de transexualidad de Valencia permitirá a los menores cambiar de sexo sin el permiso paterno

Galicia: familia con matrimonios del mismo sexo

Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo son grandes aliados políticos, como Cifuentes. Ambos son partidarios de la ideología de género.
Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo son grandes aliados políticos, como Cifuentes. Ambos son partidarios de la ideología de género.

Galicia aprobó su propia ley de ideología de género gracias al PP de Feijóo, al PSOE y al BNG. La familia en Galicia se forma legalmente a través de matrimonios heterosexuales u homosexuales. A su vez, la sanidad pública pagará las operaciones de cambio de sexo. Lo único que no incluye es la famosa inversión de carga de prueba, ni sanciones económicas.

Además Galicia ya es, a partir de este curso, la segunda comunidad autónoma en impartir una asignatura específica sobre igualdad de género a los alumnos de 1.º y 2.º de ESO, y lo hará a través de una materia de libre designación autonómica: Igualdade de Xénero. La religión pierde fuelle en la escuela pero la ideología de género contará con una carga lectiva de una hora semanal y será impartida por un docente sin titulación específica.

Esta es la ley de Galicia:  Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia

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