Este 1 de diciembre, la Asamblea Nacional vota por el procedimiento de urgencia una propuesta de ley que trata de ampliar una vez más el alcance del delito de obstrucción al aborto. Al principio, cuando se aprobó la ley Neiertz en 1993, el delito de obstrucción se refería a quienes físicamente impedían el funcionamiento de los abortorios.

Este delito fue entonces ampliado, primero por la ley del 4 de julio de 2001, a quien ejerciera “presiones morales y psicológicas” y, además, por la ley por la igualdad real entre hombres y mujeres al “acceso a la información” sobre aborto del 4 de agosto de 2014.

Por desgracia, no es suficiente; la libertad de expresión de quienes se oponen al aborto debe ser incluso más reprimida. El nuevo texto condena a dos años de prisión y 30.000 euros de multa el mero hecho de tratar de “disuadir” a una mujer o a sus parientes del recurso al aborto a través de la publicación de “anuncios, indicaciones o presentaciones distorsionadas con el objetivo de confundir a la gente de forma intencionada”. La descripción no puede ser más vaga.

Es difícil entender cómo la mera consulta de una página de información en la red puede dificultar la ejecución de un aborto o la información sobre ello. Este indefinido delito está abierto a las más extensas interpretaciones, en flagrante violación del principio fundamental de estricta interpretación de la ley penal, según el cual el legislador debe “definir los delitos en términos suficientemente claros y precisos para excluir decisiones arbitrarias” según el Consejo constitucional. Es obvio que no sucede en este caso.

Una nueva muestra del sesgo del proyecto de ley: una persona que pueda dar información distorsionada con el objetivo de incentivar [el aborto] no sería procesada. Sin embargo, de hecho, hay muchas más mujeres impelidas a abortar debido a la presión de sus familiares que disuadidas por ver una website.

El propósito ampliamente liberticida de este delito apareció ya en el informe de 2013 sobre “el acceso al aborto en los territorios” del Alto Consejo para la Igualdad entre mujeres y hombres, que está en el origen del crimen por obstrucción.

Este Alto Consejo creía que las webs provida ejercían “obstrucción psicológica” al aborto al tratar de “disuadir de forma sistemática a las mujeres a ejercer su derecho al aborto” y, por tanto, debían ser condenadas.

El delito de obstrucción también se aplica a los médicos. Durante el debate en el Senado en 2013 de la anterior ampliación del delito de obstrucción, Laurence Rossignol, ministra de Sanidad, ya preguntó “si no debería ser extendida al personal médico”.

Para el Alto Consejo, el mero uso de palabras como “reincidente, aborto de confort o, incluso fallo contraceptivo” podría ser parte de una forma de obstrucción al aborto”.

A través de esas palabras. Los profesionales pueden ser culpables de expresar “representaciones arcaicas y moralizadoras” y podría formar parte del “trastorno de culpabilidad de las mujeres y en no hacer del aborto un acto legítimo de su vida sexual y reproductiva”.

Yendo incluso más allá en su política de pensamiento policial, el Alto Consejo también consideró “adoptar un enfoque de “señalamiento y vergüenza” hacia quienes se oponen al aborto, de forma notable a través de la creación de una “lista negra”.

Así, mientras sigue siendo ampliado, el delito de obstrucción establece un auténtico delito de opinión en el que el mero uso de algunas palabras es suficiente para condenarte. La meta es silenciar cualquier discurso que cuestione el aborto.

Traicionando a Simone Veil

Aunque se reivindica a sí mismo como parte de la herencia de Simone Veil, este proyecto contradice frontalmente lo que ella proclamó delante de la asamblea francesa en 1975.

Ella afirmó entonces que si su ley “admitió la posibilidad de un aborto, fue para controlar y, en mayor medida, para disuadir a la mujer de su uso”. Para ella, la ley de 1975 “no creó un derecho al aborto” que “siempre será una tragedia”, “que debe ser evitada a toda costa”. El fin explícito de la ley Veil fue controlar y prevenir no para reforzarlo o trivializarlo.

Éste es también el compromiso adquirido por Francia ante las Naciones Unidas, durante las conferencias de El Cairo y Pekín. Allí, nos comprometimos a “reducir el recurso al aborto” y a adoptar “medidas apropiadas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto”. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? El recurso al aborto es aún muy alto; dos veces más alto en Francia que en Alemania o Italia, que lograron reducirlo al 20 y al 50 % respectivamente en diez años.

La extensión del delito de obstrucción es igualmente contraria al Consejo de Europa, cuya Asamblea invitó en 2008 a los estados miembros a “facilitar consejo y apoyo práctico para ayudar a las mujeres cuya razón para querer un aborto es la presión familiar o económica” (resolución 1.067 de 2008).

Esta ayuda es la que, precisamente, páginas web como IVG.net, en el punto de mira del Gobierno, tratan de dar. Este proyecto también viola directamente la libertad de expresión, en especial la “libertad de internet” que es promovida de forma global como un requisito de la vida democrática.

Es muy probable que, si esta ley es llevada al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, Francia será condenada como lo fue Alemania por censurar a una persona que comparó el aborto con el Holocausto.

El Tribunal de Estrasburgo decidió de hecho que el debate sobre el aborto es de “interés público” y goza de muy alta protección, incluida la de “información o ideas ofensivas, molestas o perturbadoras”.

Es la misma existencia de una “sociedad democrática” la que aquí está en juego.

Gregor Puppinck, presidente del Centro Europeo para la Ley y la Justicia / ECLJ
Gregor Puppinck, presidente del Centro Europeo para la Ley y la Justicia / ECLJ

Sin duda, las páginas web que con sinceridad tratan de ayudar y disuadir a las mujeres del aborto caen bajo el prisma de una libertad total de expresión garantizada en la legislación europea.

Por otro lado, esta nueva ampliación del delito de obstrucción es una buena noticia para los defensores de la vida. Muestra, y esto ya es una victoria, que la retaguardia feminista está ahora condenada a castigar de forma brutal la libertad de expresión para defender sus ideas liberticidas.

Al mismo tiempo esto muestra que la normalización del aborto es un atraco; ocho millones de abortos en Francia desde 1975 deja cicatrices. Tal vez esta ley incluso ofrezca una plataforma y las más bella victorias legales de los defensores de la vida, probando una vez más que con las leyes injustas se cumple el dicho: quien siembra vientos recoge tempestades.

* Por Gregor Puppinck y Claire de La Hougue, del Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ). 

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