Todos los que creemos en Dios, que amamos y defendemos la vida,  somos mujeres y hombres con principios y valores irrenunciables, con la suficiente fortaleza moral para rechazar categóricamente la práctica del aborto. Creemos en la vida desde su gestación, reconociendo al individuo como la base fundamental del pueblo y la familia. Defendemos el derecho a la vida, el núcleo central de la sociedad. El aborto no se debate, simple y sencillamente no es negociable, ni aceptable. El aborto es un asesinato.

La creación de nuevos organismos internacionales públicos y privados forma parte, y es un resultado positivo, de la globalización que provoca alianzas y acuerdos, con la finalidad de alcanzar más fácilmente objetivos comunes. Suelen ser las grandes potencias las que propician y promueven la puesta en marcha de estos entes, lamentablemente, a veces, con la finalidad de imponer sus políticas e intereses.

Lo mismo sucede con organizaciones privadas que se expanden en el ámbito internacional, para difundir sus fines. Esta expansión es un derecho de cualquier institución pero, nos obliga a estar muy atentos a las verdaderas intenciones de estos entes que, bajo la apariencia de solidaridad, actúan con fines muy dudosos.

Estas entidades intermedias, por su poder mediático, ejercen presión sobre los países y su legislación que atentan contra el derecho de cada país a decidir en sus cuestiones internas y a mantener sus propios principios.

Veamos algún ejemplo de esas injerencias externas multinacionales en asuntos internos del derecho de un país.

El Salvador es uno de los países latinoamericanos con la legislación más pro-vida. Su Constitución política reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción” (art. 1°). A su vez, el Código Civil establece la obligación de la ley de proteger “la vida del que está por nacer” (art. 73).

Hace unos meses, la ONG  Amnistía Internacional presentó un informe titulado “Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador”. En él se concluye que la legislación restrictiva del aborto está destruyendo la vida de mujeres y niñas, dado que penaliza con prisión a los responsables de la comisión de un aborto.

El origen fue la situación de 17 mujeres de ese país, supuestamente presas por cometer el delito de aborto. Si bien las autoridades locales consideraron la posibilidad de indultarlas, el caso dio pie a las organizaciones pro aborto para realizar una fuerte presión mediática a favor de la liberalización de esta práctica, de la cual Amnistía Internacional parece haberse constituido en vocero.

En el material que difunde esta ONG, se culpa a la penalización del aborto por la muerte de las mujeres en El Salvador, así como de cualquier tipo de discriminación existente contra ellas.

La tendenciosa campaña de Amnistía Internacional provocó un fuerte rechazo de representantes de la sociedad civil salvadoreña, que alegaron tergiversación y manipulación de los casos de las diecisiete mujeres, y niegan las acusaciones de esa ONG, a la que atribuyen hablar de abortos espontáneos de las mujeres cuando en realidad se trataría de infanticidios realizados en la forma más cruel y, por lo tanto, habrían recibido justas condenas por el delito de homicidio agravado. A la vez, solicitan a Amnistía Internacional que no viole la soberanía de El Salvador para imponer una política cargada de la ideología pro-aborto.

De hecho, la práctica del aborto más que solucionar la vida de las mujeres, la complica de mil diversas maneras, una comprobación de lo cual es la existencia del importante síndrome post-aborto. Sin contar con que se provoca siempre la eliminación deliberada del ser más débil de todos.

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