Imagínese ir un día caminando por la calle. Tiene un encontronazo con otra persona, se cruzan una serie de improperios y esta persona le interpone una demanda. Resulta que el demandante es homosexual y se ampara en la ley contra la violencia homófoba. Llega el juicio y es usted el que tiene que demostrar que no le ha faltado al respeto, en lugar de ser el demandante quien aporte pruebas del menoscabo a su honor. Injusto, ¿verdad? Esto podría suceder si los legisladores hacen suyo el borrador de la proposición de ley contra la violencia homófoba de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de España.

El borrador de esta norma busca acabar con la discriminación de este colectivo y para ello propone equipararse a las víctimas de violencia de género, la creación de un Centro de memoria histórica LGTBI, la inversión de la carga de la prueba en procesos que no sean de índole penal y multas que pueden llegar hasta los 45.000 euros, tal y como recoge El Español. Gaceta.es ha entrevistado a Yobana Carril, abogada especializada en casos de hombres damnificados por la Ley Integral contra la Violencia de Género, y junto a ella analizamos los contras de este proyecto.

La igualdad

El borrador enuncia lo siguiente en los fundamentos de la norma: ‘’esta ley viene a ser un paso más, esperamos que el definitivo, en una camino legal hacia la igualdad y la justicia social’’. ‘’Nunca se puede buscar la igualdad fundamentándola en una desigualdad’’, entiende Yobana Carril. La penalista sostiene que es imposible buscar la igualdad en base a una discriminación. ‘’Lo que hay que hacer es tender hacia la igualdad, no hacia la revancha. Lo que buscan muchas mujeres y muchas feministas es la revancha, ‘lo que me has hecho tú a mí, te lo haré yo’. Entonces podemos estar haciéndole lo mismo a los hombres y dentro de 100 años que ellos se cansen y vuelvan a hacérnoslo a nosotras’’, defiende.

El estatus de víctima, similar al de una mujer maltratada

“Las víctimas de violencia por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia tendrán acceso a los servicios de apoyo y protección de víctimas de violencia de género”, reza el artículo 12 del borrador. “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la mujer transexual que sea víctima de la violencia machista, tendrá acceso, en condiciones de igualdad, a los recursos asistenciales existentes para las víctimas de violencia de género”, concluye. La norma equipararía a la víctima de la violencia homófoba al de la violencia de género, con todas las garantías y beneficios que ello conlleva.

‘’Estoy en contra de cualquier ley que trate de diferente manera a un sector de la población respecto al otro. No digo que las personas que sufren ataques homófobos no deban ser protegidas, deben serlo al igual que las mujeres que son realmente maltratadas, pero aquí nos encontramos ante un problema: la Ley de Violencia de Género al principio contemplaba las agresiones de hombre a mujer siempre cuando estas estuvieran motivadas por su condición de mujer. Al final de facto se está aplicando a toda agresión que comete un hombre contra su mujer’’, defiende Carril. La abogada considera que con esta norma podría ocurrir algo similar: ‘’en este caso corremos el mismo riesgo: si yo te golpeo porque eres transexual siempre seré condenado de una manera más grave que si tú me golpeas a mí. Y además puede que yo no te haya golpeado por tu condición sexual, simplemente porque me caes mal, nos peleamos y te golpeo. En ese caso yo sería castigada más duramente que tú, por los mismo hechos’’. ‘’La ley debe castigar la violencia, todo acto violento, pero no en función ni del sexo, ni del color, ni del género, ni de la víctima, ni del agresor’’, concluye.

La inversión de la carga de la prueba

“De acuerdo con lo establecido por las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o el interesado aleguen discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y aporten indicios fundamentados de ello, corresponde a la parte demandada, o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”, sostiene la norma. El texto exceptúa a los procesos penales y a los sancionadores administrativamente. ¿Qué queda entonces? Todos los procesos civiles, como los relativos al honor.

Carril recuerda que ni siquiera en el texto de la Ley de la Violencia de Género se contempla la inversión de la carga de la prueba, aunque de facto sí se haga. ‘’Si hacemos que una ley dentro de este ámbito, de defensa de los derechos LGTBI, entre tan a saco como en la Ley de Violencia de Género, la mayoría de la población tendría que ir casi grabando o apuntando todo lo que hace por si es denunciado. Aquellos que están inmersos en divorcios y sometidos constantemente a denuncias falsas se ven obligados a vivir así, con una cámara, grabando con el móvil… No se puede obligar a una parte de la población a vivir así por si acaso…’’, denuncia. Es decir, esta ley va un paso más allá que la de violencia de género.

Creación de un consejo estatal contra la discriminación LGTBI

Se contempla la creación de este órgano que “actuará con independencia de la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones”. Su misión será “garantizar la no discriminación de las personas por orientación sexual e identidad de género”. Además, tendrá “la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de las infracciones contenidas en la presente ley”.

‘’Estos organismos están hipersubvencionados, mucha gente vive de ellos y llega un momento que están tan enquistados y tan arraigados que es imposible deshacerte de ellos’’, entiende la letrada. ‘’Al final todas estas entidades lo que consiguen en la práctica es la victimización perpetua de estos colectivos, ni más, ni menos. A veces la sociedad necesita tiempo para aceptar cambios, pero no forzar artificialmente que se proteja a determinados círculos de una semisociedad dentro de la sociedad’’, entiende. Además, advierte de que finalmente podría haber un colectivo damnificado. ‘’Lo que va a pasar es que va a haber protección para las mujeres, los homosexuales, para el menor, para los negros, los refugiados… y al final, ¿quién queda? Un hombre, blanco y heterosexual. Es absurdo. Habría que crear una ley que los proteja a todos por igual, sin distinción. Eso es igualdad, proteger a todos por igual y castigar a todos por igual. Lo demás son pamplinas’’, sentencia.

Multas de hasta 45.000 euros

Contemplará multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves, de 3.001 euros hasta 20.000 por las infracciones graves (agresiones o ‘’maltratar de obra sin causar lesión’’), y hasta 45.000 las calificadas de muy graves (‘’una lesión calificada como no delito’’, ‘’comportamientos constitutivos de acoso’’, ‘’despedir a un trabajador a causa de su orientación sexual’’ o ‘’levar a cabo terapias de reversión de la orientación sexual”).

Las sanciones serán superiores a las impuestas por una agresión sin el agravante de homofobia.

Otros aspectos

La norma contempla la creación de un centro de memoria histórica LGTBI y se costearán los tratamientos médicos para el colectivo y las reasignaciones de sexo a los transexuales, que se podrán solicitar a partir de los 16 años de edad.

‘’Desde los colectivos se busca tener una protección particular. Es lícito pedirlo, otra cosa es que los políticos lo acepten. Hay que trabajar para minimizar, porque erradicar es imposible, los comportamientos violentos. Esto se consigue a base de educación, y no a base de discriminar aleatoriamente a unos sectores y a otros’’, sostiene la abogada. Carril se pregunta si ‘’entonces los hombres de una complexión más corpulenta deberían tener una ley de hombres débiles contra hombres fuertes’’. ‘’Esto pasaría a ser un auténtico sinsentido. No puedo apoyar esta ley porque tampoco apoyo la de violencia de género. Apoyo un plan de educación amplio, extenso y concreto desde las entidades cercanas a la población, y una ley que condene duramente los actos violentos. Punto’’.

La letrada hace una reflexión final: ‘’Habría que legislar pero no desde el punto de vista discriminatorio de ’hay que respetar a los homosexuales’, no. Hay que respetar a las personas’’.

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