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En el año 2007, la Ciudad de México aprobó, en medio de fuertes críticas, la despenalización del aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación, y en 2008 el Supremo decidió que esta legislación es constitucional. A partir de esta trágica declaración se desató en el país una ola de reformas a las legislaciones estatales que, ante este ataque, buscan proteger la vida desde su concepción e impedir el homicidio masivo y oficial de los nonatos. La jurisprudencia establecida por la Corte, lejos de generar más legalizaciones del aborto, provocó en México un boicot general desde los congresos locales.

El más reciente intento por proteger la vida desde la fecundación del óvulo ocurrió en Veracruz en enero pasado, cuando el congreso local  aprobó en una primera fase el proyecto presentado por el gobernador Javier Duarte, a petición del grupo cristiano CitizenGo. La iniciativa destacó por haber sido impulsada por Duarte, un caso único en el país: antes de éste, los congresos de 17 Estados habían reformado sus constituciones para establecer el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”, de manera que si Veracruz aprueba en segunda ronda el proyecto, serán 18 de 32 las entidades mexicanas que protegen la vida desde su inicio absoluto.

El congreso veracruzano rechazó que se trate de una iniciativa antiaborto, argumentando que el proyecto no menciona esta práctica ni modifica el Código Penal del Estado, pero intelectuales pro abortistas como el constitucionalista Diego Valadés declararon que una vez protegido el derecho a la vida desde la fecundación, cualquier atentado contra ella se convierte en homicidio calificado porque es la privación de la vida de otra persona.

UNA OLEADA DE REFORMAS

Los Estados mexicanos que han reformado sus constituciones locales para proteger la vida desde la concepción, o han presentado iniciativas en ese sentido son: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo.

En 29 de los 32 Estados el delito de aborto se castiga con prisión.

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